Por Gabriel Fernández *
Tal como lo anunciamos hace pocos días en el aire de la Gráfica, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner en la llamada causa de las fotocopias y redujo la caracterización del delito de asociación ilícita para empresarios ligados al gobierno macrista.
Este jueves, la Cámara Federal confirmó los procesamientos con prisión preventiva dictados oportunamente por el juez Claudio Bonadio en la causa de unos cuadernos cuyos originales resultaron «quemados» por Oscar Centeno. Vale recordar que según las leyes argentinas los documentos fotocopiados no revisten validez a la hora de llevar adelante una causa.
En la extensa lista figura la ex presidenta acusada como supuesta jefa de una supuesta asociación ilícita que recolectaba coimas de empresarios contratistas del Estado. Además aparecen Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, Hernán Gómez, José María Olazagasti, Oscar Centeno, Ezequiel García, José López y Walter Fagyas.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal que confirmaron y adecuaron la decisión de Bonadio fueron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Como se los requirió el Poder Ejecutivo, en una intromisión directa sobre el Poder Judicial, modificaron algunas calificaciones de delitos con el objetivo de atenuar las dificultades de quienes se manifestaron proclives a cooperar con la continuidad de la gestión Cambiemos.
Entre esos cambios, se delimitó quiénes permanecieron procesados y quiénes quedaron por fuera. Según Bruglia y Bertuzzi, los empresarios que formaron parte de la supuesta organización delictiva fueron Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, y Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, junto con el financista Ernesto Clarens.
En línea con lo anunciado por La Señal Medios, los beneficiados por los camaristas fueron Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri y ex CEO de la empresa Iecsa, procesado por cohecho activo; Aldo Roggio, Gabriel Romero, Armando Loson, Hugo Antranik Eurnekian, Luis Betnaza y Juan Carlos de Goycoechea, entre otros, también quedaron procesados bajo esa figura.
Al empresario Raúl Vertua se le concedió la excarcelación; en tanto que Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, Oscar Thomas, de la Entidad Binacional Yacyretá, Juan Lascurain, de Fainser, y Carlos Mundin, de la firma BTU, seguirán detenidos.
Estamos ante uno de los escándalos de intromisión sobre poderes constitucionales más importantes de la historia argentina. Una causa ilegal, asentada en fotocopias tomadas de presuntos apuntes de un chofer, en la cual se evalúa de modo diferente a cada uno de los presuntos responsables que, originalmente estaban en igualdad de condiciones, conmueve a un país que observa azorado.
Tal como lo advertimos en La Señal, el gobierno aprovechó la decisión primigenia de Bonadío para chantajear a los empresarios. Les hizo saber que presionaría sobre los dos camaristas para dejar fuera de la «asociación ilícita» a quienes cooperaran con la contunuidad del gobierno de Cambiemos pese a la hecatombe económica.
• Area Periodística Radio Gráfica / Director La Señal Medios / Sindical Federal.
