Por Gabriel Fernández*
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto oficial de Presupuesto 2019. 138 legisladores votaron afirmativamente, 103 en contra, mientras se registraron 8 abstenciones. La iniciativa articula la profundización del programa económico oligárquico en dirección recesiva. Es bueno aclarar: ratifica lo actuado desde el Estado nacional y avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual facilitará demandas futuras de ese organismo.
El Presupuesto está articulado sobre un precepto general erróneo pero intencionado: es preciso ahorrar para crecer. A partir de allí se diseña todo un esquema perjudicial para la economía en general y el pueblo en especial. En realidad, el Estado dispone de la recaudación tributaria nacional y tiene la obligación, además del derecho, de usarlo en inversión pública. Todo lo contrario al criterio del “ahorro”.
Los ajustes, la decisión de promover el “déficit cero”, la ausencia de emisión monetaria, son delitos económicos en contra de la sociedad. Presentados virtuosamente como austeridad, no son más que traslación de recursos en beneficio del sistema financiero, las corporaciones privadas de servicios y las empresas ligadas a los miembros del gobierno macrista.
El proyecto que recibió media sanción en Diputados prevé un retroceso de 2,4 por ciento en el PBI de este año y de 0,5 en 2019. Proyecta un dólar a 40,10 pesos y una inflación de 23 por ciento. Para alcanzar el «déficit cero» habrá ajustes en distintas áreas, excepto en el pago de intereses de deuda, que se incrementan cerca del 50 por ciento. Se trata de un planteo acelerado sobre un perfil conocido que ya desestructuró la vida nacional en ciclos liberales anteriores.
Entre los datos centrales, vale indicar que la reducción del “gasto” será del 6 por ciento en servicios sociales; del 23 por ciento en educación y cultura; del 48 por ciento en vivienda y urbanismo; del 20 por ciento en promoción y asistencia social; del 8 por ciento en salud; del 17 por ciento en ciencia y técnica; y del 20 por ciento en agua potable y alcantarillado. Así, se anticipa un escenario recesivo con una caída de 0,5 por ciento en la actividad económica en 2019 y una baja del 2,4 por ciento para este año.
Este panorama se enlaza con una inflación del 23 por ciento al final del período 2019 y un promedio de incremento de precios del 34,8 por ciento. En 2018, se calcula un 32,7 por ciento. Con dibujo cuasi “optimista” la catástrofe derivará, según la normativa, en una caída del 1,6 por ciento en el consumo privado y una baja del 9,7 por ciento en la inversión.
La deuda pública a fin de año representará el 87 por ciento del PBI, con un stock de 315.698 millones de dólares. Las necesidades de financiamiento para 2019 llegarán a 38.900 millones de dólares: 2.500 millones nueva deuda, 20.100 millones se refinanciarán; 11.700 millones del acuerdo con el FMI y otros 4.600 millones de organismos internacionales. Cabe comentar: un sinsentido para un país cuya economía, hasta el 2015, se venía desplegando con intensidad, sin necesidad de contraer adeudo.
Lo que está ocurriendo debería ser analizado a fondo por las fuerzas que impulsan la industria y el trabajo en estas latitudes. Se reitera una historia conocida: tras un período de alto crecimiento, las fuerzas rentísticas logran reagruparse y disponer de la energía necesaria para desarticular todo desarrollo, impedir la realización de cualquier elemento de producción y consumo, y promover la la oscuridad sobre el conjunto.
Es ostensible que además de la denuncia justa y pertinente contra los activistas de la muerte económica, es preciso ahondar en las dificultades propias para instalar rumbos duraderos. Una potencia industrial de desarrollo medio como la Argentina, con un indicador elevado de know how que la destaca en un mundo altamente tecnologizado, se retrae y se reprimariza. Mientras la hegemonía del capital financiero baja en el orden planetario, aquí se reposiciona.
Las preguntas, están a la orden del día.
• Area Periodística Radio Gráfica / Director La Señal Medios / Sindical Federal.
