En forma unánime, legisladores, referentes sindicales, organizaciones populares y partidos de la oposición, rechazaron la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Plus por Zona Desfavorable correspondiente a asignaciones familiares de habitantes de la Patagonia.
Néstor Busso, director de Radio Encuentro de Río Negro e integrante de FARCO, informó que «la decisión publicada en el Boletín Oficial es la reducción de las asignaciones familiares, reducción del importe extra que corresponde a lo que se denomina Zonas Desfavorables (ZD)». Esa quita implica «una reducción importante que afecta a los trabajadores y trabajadoras de toda nuestra región patagónica» y resaltó que «lo más grave es que esto es un anticipo de algo que ya anuncian algunos: la intención es eliminar la bonificación por ZD que cobramos todos los que trabajamos en la región».
El periodista especificó que esa bonificación también aplica para las jubilaciones, que «tienen un plus agregado del 40%. Ésto existe desde la existencia misma de La Patagonia, no recuerdo desde cuándo exactamente, pero vivo hace 30 años acá y esto siempre existió».
Busso explicó que el plus se debe al «clima en nuestra región y las distancias, que hacen que la vida sea mucho más cara». Además, recordó que «en un tiempo también se argumentó la necesidad de poblar esta región, que tiene un bajo índice de población, favoreciendo o fomentando la radicación» en la Patagonia.
Con el anuncio del Gobierno, el rechazo se expresó de manera unánime e incluso «sectores del oficialismo, referentes del Radicalismo y de Cambiemos, manifestaron su rechazo a esta resolución de Macri. En la provincia de Río Negro, el radicalismo hizo público su rechazo a la decisión de reducir las asignaciones familiares«.
El director de Radio Encuentro también contó que, en estos días, en General Roca «la Cámara Federal va a dar a conocer la sentencia contra siete hombres de la policía de Río Negro, acusados de la desaparición y asesinato del joven trabajador salteño, Daniel Solano». El episodio ocurrió en noviembre de 2011 y la investigación está plagada de «irregularidades, mucho amparo y protección judicial a esta gente (policías)», lo que «reveló una trama de complicidades y delitos, trata de personas de trabajadores norteños que vienen a esta región a trabajar en la cosecha, complicidad entre la policía y la empresa, vejaciones, maltratos policiales, prácticas corruptas de la propia policía y del poder judicial».
Esa causa se encuentra en medio de un proceso judicial que dará sentencia en los próximos días. Además, «a partir de esas sentencias se abrirán otras causas conexas que tienen que ver con el accionar policial y de la justicia, y la explotación laboral de grandes grupos empresarios que trabajan en al exportación de la fruta».
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