Gabriel Fuks, ex legislador porteño y actual Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, conversó con Punto de Partida acerca del estado de la causa Iron Mountain, cuyo depósito de Barracas se incendió el 5 de febrero de 2014.
Fuks explicó «hay dos causas Iron Mountain. Además de los diez servidores públicos que fallecieron, lo cual fue lo más duro, no se pudo probar claramente lo que está relacionado con destrucción de evidencia por parte de personajes vinculados a cuentas off-shore. La investigación de ese aspecto no ha avanzado. La parte que sí progresó fue que este año se inició un proceso a actores que ocupaban en ese momento cargos de responsabilidad muy importantes y que han tenido continuidad como funcionarios estatales, a directivos vinculados a la empresa, y a empresas vinculadas a Iron Mountain. Hay una línea de investigación que por primera vez pone el acento en la cadena de responsabilidades estatales«.
En diálogo con Lucas Molinari, el entrevistado detalló luego que «dieciocho funcionarios quedaron procesados. El problema es que si son parte de una cadena de mandos que estaba a cargo del entonces director de la Agencia Gubernamental de Control, es decir Juan José Gómez Centurión, no se entiende cómo no se lo llamó a declarar. No estoy diciendo que deba ser procesado porque no soy juez. Pero sin entrar en discusiones políticas, se puede observar que un funcionario que pierde el expediente de habilitación y no lo supo reconstruir es pésimo en sus tareas. Al mismo tiempo sucesivos informes nos muestran que varias agencias de control de la Ciudad de Buenos Aires fracasaron en sus informes. Si fue intencional, si lo hizo alguien vinculado al gobierno, no está demostrado, pero sí se puede decir que la paja seca donde se prendió el fuego fueron las fallas inspectivas que crearon las condiciones para el incendio sucediera«.
Finalmente el Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires señaló que «el fallo del juez Mariano González Palazzo que impide a los familiares presentarse como querellantes por haber cobrado seguros de vida es un absurdo. Cualquiera sea la situación, aunque hayan hecho arreglos extrajudiciales, no hay ningún tipo de limitación. Sobre todo porque estamos dentro del período de los diez años, la causa no está en condiciones de archivarse o cerrarse. Es violatorio y se suma a la negación del rol del Estado, lo cual incluyó echarle la culpa de lo que había pasado a los bomberos, y en particular al jefe del operativo, que fue uno de los diez fallecidos«.
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