*Por Carla Pelliza
El debate por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo está instalado. A partir del 10 de abril comenzará a tratarse en comisiones en el Congreso de la Nación, una instancia que duraría unos dos meses antes de llegar al recinto. En Diputados, la votación se lee pareja y los indecisos serán definitorios. En ese marco, las calles porteñas fueron el escenario de marchas a favor de la despenalización del aborto y movilizaciones en contra.
En 2016, último dato publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, murieron 254 mujeres embarazadas por diferentes causas. De ellas, el 17,6%, o sea 43 mujeres, murieron por abortar, lo que lo ubica como la principal causa de mortalidad materna en nuestro país. Por ello la importancia del debate en torno a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en ambientes seguros, que no pongan en riesgo la vida de la madre.
Según un informe elaborado en 2005 por Amnistía Internacional, en nuestro país se realizan entre 486 mil y 520 mil abortos por año. Esto es, 0,68 abortos por cada bebé nacido vivo. El estudio fue realizado por dos demógrafas, Edith Pantelides y Silvia Mario, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación.
Cuando se debate sobre la despenalización del aborto, se debate sobre las condiciones en que esta práctica se realizará, dado que quedó demostrado que su legalización no sólo no los incrementa, sino que reduce la mortalidad de las mujeres. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2017 un informe en el cual manifestó que «en los países donde al aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo 1 de cada 4 abortos fue seguro; por el contrario, en los países donde el aborto es legal en supuestos más amplios, casi 9 de cada 10 abortos se realizó de manera segura. Restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos«. La mayor cantidad de abortos no seguros – clandestinos – se realizó en América Latina, donde sólo 1 de 4 fue seguro, según datos de la OMS .
En Uruguay, el aborto es legal desde el 2012 y es uno de los países con menor tasa de mortalidad materna del continente. Entre 2001 y 2005, en el país oriental el 37% de las muertes maternas fue por abortos. Con la legalización de esa práctica, el porcentaje se redujo al 8%.
A nivel mundial, de 2010 a 2014 se realizaron 25 millones de abortos peligrosos por año, el 45% del total, según un estudio de la OMS y el Instituto Guttmacher publicado en The Lancet. En caso contrario, el 55% de todos los abortos se realizaron en condiciones de seguridad, lo que significa que fueron llevados a cabo por profesionales sanitarios cualificados mediante un método recomendado por la OMS que fue apropiado a la duración del embarazo. La mayoría de abortos peligrosos (97%) se produjo en países en desarrollo de África, Asia y América Latina.
En Argentina, el aborto es legal en los casos en que la vida o salud de la mujer se encuentra en peligro, o el embarazo es producto de una violación. En el caso de la primera causa, la salud se entiende en su aspecto amplio, tanto físico, mental, emocional y social.
En marzo, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó un proyecto de ley que establece que «en el ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional«. Además, el aborto debe realizarse «en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 días durante su requerimiento». Por otro lado, señala que el embarazo puede interrumpirse pasadas las 14 semanas si fue producto de una violación, si está en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano o si existieren malformaciones fetales graves.
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