Julio Moyano, director de Radio El Libertador de Posadas, describió en diálogo con Panorama Federal las restricciones migratorias impuestas por el gobierno nacional que impiden el ingreso de trabajadoras y trabajadores de nacionalidad paraguaya a Misiones.
Moyano informó que «casi un centenar de ciudadanos paraguayos de la vecina ciudad de Itapúa han sido notificados por Migraciones de Argentina que no pueden ingresar a nuestro territorio. En algunos casos por el término de cinco años. Las causas son diversas violaciones a la ley migratoria. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay comunicó que la cancillería argentina está tomando las acciones pertinentes para lograr una solución duradera del tránsito fronterizo. Sin embargo todo esto es consecuencia de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que lleva el número 70, firmado por el presidente Mauricio Macri el 27 de enero pasado, en el que se endureció la ley de migraciones con el fin de acelerar la deportación de extranjeros que hayan cometido delitos«.
Luego el entrevistado denunció que «en estos casos en realidad estamos hablando de cuestiones menores. Lo esencial es que queda al desnudo la visión centralista del gobierno argentino. Cada paso fronterizo es muy distinto a los demás. Posadas es el de mayor actividad. En 2016 hubo un movimiento de once millones de personas. Hay oficios fronterizos de vieja data, como el de vendedoras paraguayas que ofrecen frutas y verduras al menudeo, o las que pasaban mercadería antes de que existiera el puente que une a las dos ciudades. Los controles se pusieron rígidos hace dos semanas, luego de que estallara un escándalo en la aduana posadeña a raíz de una investigación federal que implicó a cuatro funcionarios en un caso de coimas para facilitar el contrabando».
Finalmente Moyano detalló que «existen otros problemas. Hay puntos de la frontera donde al no haber puentes existen servicios de lanchas y barcos para transportar gente y automóviles. Recientemente las autoridades de la División Aduana Posadas decidieron reflotar una vieja resolución establecida durante la última Dictadura Cívico-Militar, en la que se exige el pago de una tasa aduanera para las embarcaciones que cruzan el río Paraná durante los fines de semana y feriados, lo cual motivó que los propietarios sujetos a ese pago suspendieran el servicio en los días afectados por el cobro. Hay concesionarias que estudian suspender el servicio. En lugares como Puerto Iguazú afectaría al turismo, pero en otros como San Javier es más grave porque elimina el único transporte para cruzar la frontera. Es una negativa a la integración de pueblos hermanos».
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