Martín Ayerbe, referente del Movimiento Industrialista Nacional (MINAC), conversó con La Señal acerca de la política marítima y portuaria del gobierno nacional.
Ayerbe explicó que «hace quince años que toda la partidocracia liberal argentina se niega a discutir en el Congreso los proyectos de ley que se originan a partir de la victoria contra la privatización de Astilleros Río Santiago. Se niegan a recuperar el mercado de fletes de ultramar, a crear el Fondo de Industria Naval Nacional que con un gravamen del 2% a esos fletes que hoy facturan siete mil millones de dólares financiaría la construcción de buques, o el proyecto de recrear una corporación estatal de transporte que integre la circulación naval con la carretera, ferroviaria y aeronáutica, además de nacionalizar el comercio interior y exterior. En vez de esto se impulsa la importación de barcos con más de 20 años de uso».
Posteriormente el entrevistado atribuyó este panorama a «la falta de armadores nacionales. Como no hay navegación de bandera argentina los que operan en la hidrovía con barcazas son capitalistas argentinos que radican sus empresas en Paraguay porque la actividad está más desregulada que en Argentina inclusive. Operan con bandera paraguaya y así pagan menos impuestos y cargas sociales. Esta es la clase de sátrapas que integra la Unión Importadora Argentina con José Ignacio De Mendiguren o las distintas asociaciones empresarias de nuestro país que se dedican a importar del extranjero. Por ejemplo, desde lo ’90 importan trenes de barcaza del Río Mississippi sin ponerse colorados».
Por último Ayerbe marcó que como leyes para el futuro «hay dos esperpentos escritos por Horacio Tettamanti, presentados por el senador Alfredo Luenzo del Frente Renovador, y por Fernando ‘Pino’ Solanas y Elisa Carrió. Estos proyectos pretenden que se les transfiera a los operadores e importadores trescientos millones de dólares por año (que se sumarían a los siete mil que mencionamos antes de recaudación en fletes) para importar chatarra extranjera. Además quieren que por 25 años estén desgravados el IVA, los Ingresos Brutos, el Impuesto a las Ganacias, el Impuesto a los Bienes Personales y los impuestos a los combustibles. Su objetivo es destruir al Estado argentino, sacarlo de las regulaciones y que no recaude».
MG/GF/RG