El Gobierno nacional decidió impulsar varias medidas tendientes a limitar el ingreso de inmigrantes a la Argentina, entre ellas se encuentran la aplicación del API (información anticipada del pasajero), que permite conocer el listado de pasajeros que buscan llegar a nuestro país para definir con anticipación si se los deja ingresar o no; la creación de la Comisión Nacional de Fronteras para endurecer los controles migratorios y la reforma, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia, de la la ley migratoria 25.871, con el objetivo de expulsar a quienes estén condenados por delitos en su país de origen o el nuestro.
Lourdes Rivadeneira, presidenta del Frente Patria Migrante, fue entrevistada en Punto de Partida, donde señaló que “lamentablemente, después del cambio de gestión, el tema del acceso y la mirada de derechos humanos con respecto a la migración se modificó por completo. El Decreto de Necesidad y Urgencia sobre esta reforma, al que nosotros pudimos acceder junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), amplía las causas que permiten la detención y la expulsión de inmigrantes en situación irregular. El Gobierno dice que está orientado a personas con antecedentes penales, pero la Ley que rige en este momento en nuestro país (Ley de Migraciones 25.871 ) ya prevé esta situación».
Además, la presidenta del Frente Patria Migrante comentó que en la Argentina actualmente “hay aproximadamente 2 millones de inmigrantes, (de los cuales) una gran cantidad no está regularizada porque no puede acceder a la documentación por ser extra- Mercosur: Quienes se radicaron en Argentina por razones humanitarias”. Por ello, destacó que es “el propio Estado el que tiene que regular y resolver la no documentación de las personas inmigrantes que estén residiendo en este país. El Gobierno habla de que van a expulsar a todos los que estén en situación de irregularidad, por eso necesitan reformar la Ley”.
En comunicación con Marcos Maldonado, se refirió a la relación que suele establecerse entre los inmigrantes y la delincuencia: “Cuando se habla de delito, se lo asocia a las personas inmigrantes, pero son fenómenos diferentes, no tiene que ver con las nacionalidad (…) En Argentina (esta visión ) se esta instalando cada vez más fuerte y provoca hechos de discriminación muy graves”.
En esta línea, argumentó que la cantidad de inmigrantes presos en nuestro país “es casi el 6% de la población carcelaria, es decir, un porcentaje ínfimo (…) Siempre la comunidad migrante ha sido el chivo expiatorio. En este momento el pueblo argentino está siendo golpeado y cada día más gente pierde el trabajo, por eso necesitan pegarle a alguien, entonces la comunidad migrante es la más vulnerable”.
Para finalizar, se refirió a la relación del Gobierno con el Frente Patria Migrante e informó que «venimos solicitando una reunión desde que empezó la nueva gestión, lamentablemente no se hizo eco nuestro pedido. Con varias organizaciones estamos pidiendo con urgencia una nueva reunión para discutir este Decreto. Hay que recordar que la Ley que está vigente fue muy discutida por todo el arco político. No entendemos por qué el Gobierno pretende reformar esta reglamentación mediante un DNU. Hay que estar atentos y pensar qué está pasando con nuestra democracia”. Y concluyó que «ya estamos sufriendo brotes xenófobos. Hay que entender que estamos hablando de seres humanos. Los migrantes no somos delincuentes”.
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