El Gobierno propuso, en una audiencia pública, aumentar un 36% en promedio las facturas de luz en Capital Federal y el Gran Buenos Aires a partir de febrero, aunque luego habrá otro ajuste en agosto para ir recortando el nivel de los subsidios. Claudio Daniel Boada, abogado y Director de Unión de Usuarios y Consumidores, fue entrevistado al respecto en Punto de Partida.
“Las audiencias públicas son una gran contradicción», señaló. El especialista sostuvo que estas instancias son buenas para exponer un punto de vista «pero para ir de oyente tenés que estar inscripto previamente, te identifican y ese día vallan toda la zona; no corresponde semejante movilización policial. Tendrían que ser de acceso público, sin previa inscripción, donde cada uno tenga la posibilidad de presenciar la audiencia. Realmente estas cosas han hecho que la gente pierda el entusiasmo, tanto por el trámite de inscribirse como por el hecho de dar su opinión y que no la tomen en cuenta”, denunció Boada. En esta línea agregó que “las audiencias no son vinculantes, esto significa que no se vota, solamente cada uno da su opinión. El Estado tiene la obligación de analizar la situación, pero no son vinculantes».
En comunicación con Lucas Molinari, el abogado comentó cual fue el planteo del Estado Nacional: “El Ministerio de Energía dijo que el valor dólar va a actuar como el sendero de actualización del precio de gas en boca de pozo. Puntualmente, en generación de electricidad, distribución y transporte”. En cuanto a las empresas, Boada explicó que «dicen que estamos pagando solo el 30% de lo que tendríamos que pagar» y que este tarifazo tiene como objetivo que en 2019 «paguemos el 90% (…) De un solo componente nos multiplican por tres lo que pagamos en el trascurso de estos años”.
El especialista sostuvo que “la discusión clave es saber cuál es el precio del megabite mayorista pero ésto no se discute porque ellos afirman que el sector de generación no es servicio público, por eso tiene precio libre, es decir que lo deciden las empresas». De este modo, no se analiza la configuración del precio de generación y se transfiere el costo «directamente al consumidor en una actitud muy complaciente con las empresas. No estamos en un mercado libre y transparente, sino que estamos en un mercado monopolizado”, afirmó y agregó que «este tarifazo no es más que una transferencia de dinero de todos nosotros a los grandes grupos concentrados”.
Además, dio su opinión respecto a cómo organizarse frente a esta situación. “Hay un abanico de afectados, clubes de barrios, cooperativas, entre otros. Estos sectores concentran el 80% de trabajo del país y sin trabajo no hay posibilidad de consumo. No desde una visión consumista sino de cobertura de las necesidades básicas. Nosotros planteamos una alianza estratégica de todos los sectores. No lo sentimos como una representación de los usuarios residenciales sino de todos los afectados”.
Finalmente, se refirió a las protestas en las calles: “Hay acciones en diferentes ámbitos, uno de los más fuertes es la protesta en la calle, pero también es en la Justicia. En este momento estamos con las audiencias previas, que no cumplen con los estándares pedidos por la Justicia. En el ámbito judicial, hay que pedir tarifas justas y razonables”. En este marco, resaltó que «para evitar esta conflictividad, el Poder Legislativo tiene que regular tarifas justas y necesarias”.
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