Por Úrsula Asta (*)
Organismos de derechos humanos entregaron hoy una nota al Gobierno argentino para pedirle que “informe las acciones que se tomarán para garantizar la inmediata libertad de Milagro Sala”. Esto fue a partir de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas (ONU), el cual no sólo afirmó que existe arbitrariedad en la detención de la dirigente política jujeña, sino que también solicitó al “gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato”
La nota fue presentada hoy en Cancillería argentina y está dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y al representante Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Leandro Despouy. “Le requerimos nos informe las acciones que el Estado argentino llevará a cabo para garantizar el cumplimiento de esta decisión definitiva del Grupo de Trabajo de la ONU y en consecuencia, la inmediata liberación de Milagro Sala”, dice el documento.
El pedido está firmado por Amnistía Internacional, por Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (ANDHES) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes desde enero, fecha en que Milagro Sala fue encarcelada, presentaron ante el Grupo de Trabajo de la ONU información “sobre la arbitraria privación de la libertad de Milagro Sala”.
En ese sentido, tal como afirman estas organizaciones, “para arribar a su decisión, comunicada el 27 de octubre de 2016, el Grupo de Trabajo de la ONU tuvo en consideración todos los argumentos e información aportados” por ellas, como también por “el propio Estado en relación con la totalidad de las causas judiciales iniciadas contra Milagro Sala”.
Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del grupo jurídico que hace las gestiones por la liberación de Milagro Sala, explicó que “el Estado argentino tiene el compromiso ante Naciones Unidas de cumplir los tratados internacionales”. “Acá (en la resolución de la ONU) lo que se dice es que en el caso de Milagro no se está cumpliendo con los artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se le está diciendo que la deje en libertad”, explicó la abogada.
“(El Estado nacional) podría no cumplirlo si decide generarse responsabilidades internacionales ante el sistema universal. No entendemos que sea viable que el Gobierno de Cambiemos asuma un costo internacional en el caso de que no haga lugar a lo solicitado por el grupo de la ONU”, sumó Gómez Alcorta.
La voz del Gobierno, de todas maneras, no se hizo esperar. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a quien también fue dirigido el pedido de explicaciones, la semana pasada expresó que la resolución “se trata de una opinión y no es vinculante”.
De otra forma se expresó el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, quien al aire de Radio Gráfica dijo que recibían la noticia “con mucha alegría y mucha tranquilidad”. “Desde el primer día decimos que es una detención arbitraria, que viola los derechos humanos, que viola el debido proceso, y esto ha sido confirmado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas”, marcó.
Y sumó: “Desacatar este tipo de resoluciones es ponerse al márgen de la legalidad internacional. El Estado nacional tiene que decidir si el retorno al mundo incluye el respeto a las resoluciones de Naciones Unidas o únicamente es para endeudarse”.
Es preciso destacar en esta línea, que la resolución emitida la semana pasada por la ONU señaló que el caso de Milagro Sala implica una vulneración de la independencia judicial, que además no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva, ya que “no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad”.
Y, a su vez, la ONU consideró que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. Por su parte, la resolución también refirió que la dirigente, por ser parlamentaria del Mercosur, contaba con fueros que impedían su detención.
En éstos términos, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, hoy miembro de Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, opinó que “llama mucho la atención que un gobierno que se esforzó –hasta lo indebido– para apoyar la candidatura de su Canciller (Susana Malcorra) a la Secretaría General de la ONU, hoy trate con displicencia una “recomendación” proveniente de uno de sus órganos, que le dice claramente lo que muchos le venimos repitiendo desde hace meses: Milagro Sala sufre prisión por motivos puramente políticos”.
Desde la detención de Milagro Sala en Jujuy el pasado 16 de enero, los argumentos legales fueron modificándose. Se la acusó, primero, de entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra. Luego, se la excarceló al mismo tiempo que se la volvió a imputar. Esta vez por administración fraudulenta, asociación ilícita y extorsión. Después de eso, el juez a cargo de la causa volvió a rechazar su excarcelación bajo el argumento de que “existen indicios de que Sala, de recuperar la libertad, podría entorpecer la investigación”.
Hoy, el que tiene que dar explicaciones es el Gobierno nacional.
(*) Periodista de Radio Gráfica. Conductora de Feos, Sucios y Malas.
Leer el pedido de explicación presentado al Gobierno.
