Esta tarde Alejandra Gils Carbó encabezó la presentación del «Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal en el fuero laboral» y el «Programa Especializado en Derecho del Trabajo». El encuentro contó con la participación del Juez ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Roberto Pompa y el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Eduardo Álvarez.
En una coyuntura atravesada por los despidos que se multiplican y los juicios laborales que «en 2015 fueron 90 mil y este año llegarán a 120 mil», la Procuradora General de la Nación lanzó esta propuesta. Remarcó que su postulación ante el Congreso en 2012 fue respaldada por la CGT y la CTA, que «fue un compromiso de que cada día podamos mirarnos a la cara y que los trabajadores sepan que esta Procuradora no les falló».
En el acto hubo fuertes críticas al proyecto del Gobierno Nacional para traspasar el fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires . Roberto Pompa planteó: «No lo quieren los sindicatos ni los actores sociales y se da en un contexto de ataque en este momento a todo lo que esté vinculado con el ámbito de trabajo. Un ataque a los derechos de los trabajadores, un ataque a los abogados laboralistas y un ataque a la justicia del trabajo que es inaceptable».
Gils Carbó reivindicó la articulación del Ministerio Público con los sindicatos y planteó la importancia de fortalecer el fuero laboral en un marco de creciente conflictividad. «Nuestro mercado del trabajo requiere una justicia laboral activa en la defensa de los derechos de los trabajadores y en ese contexto los y las fiscales tienen un rol protagónico que cumplir», planteó la Procuradora. «No hay retroceso posible en materia de derecho del trabajo y menos aún cuando esos retrocesos puedan venir con la forma de una posible afectación a la independencia judicial. Porque no sólo interesan las reglas, también interesa quienes serán los referís. Sin olvidar la técnica de presionar al referí, algo que estuvimos viendo en estos días», afirmó en clara referencia al apriete público del establismente al juez federal Rafecas.
Por último Eduardo Alvarez explicó: «Este programa va dialogar con los actores sociales como los sindicatos para impregnarnos de la realidad y para dar una respuesta constitucional adecuada». A su vez destacó que contarán con un edificio propio y dejó en claro que la participación del movimiento obrero será central para lograr la defensa del derecho de los trabajadores en el marco de un modelo neoliberal que busca resquebrajar conquistas históricas del pueblo argentino.
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