El Gobierno Nacional modificó por decreto la Ley de Tierras Rurales, que protegía los bienes naturales y preveía analizar la composición accionaria de las empresas. Florencia Gómez, ex directora del Registro Nacional De Tierras Rurales, definió en Punto de Partida que “se institucionalizaron las trampas”.
“La Ley de Tierras limitaba la extranjerización de las tierras desde cuatro puntos de vista. Establecía un máximo del 15 por ciento a nivel provincial, sub provincial y nacional. No más del 30 por ciento para una misma nacionalidad. Marcaba un tope de mil hectáreas en la zona núcleo o su equivalente. Y, finalmente, impedía la venta de tierras que lindaran con cuerpos de agua o lo contengan”, explicó Gómez.
La actual titular del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra manifestó que con la medida tomada “se habilitó la compra mediante la transferencia de acciones”. “Han creado el deber de comunicar eliminando la mención a la Unidad de Información Financiera (…) Se estableció cómo abrir ventanas por las cuales escaparse a las normas. Institucionalizaron las trampas y eliminaron los controles”.
En comunicación con Lucas Molinari, la ex directora del Registro Nacional De Tierras Rurales afirmó que “con un decreto simple se modifica una ley de orden público” y que “lo que se busca es esconder el capital de algunas personas”.
Finalmente, Florencia Gómez hizo hincapié en el aspecto simbólico. “Toman una decisión de esta magnitud en el Bicentenario de la Independencia. Nos estamos convirtiendo en colonia de los grandes capitales”.
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