Por Ramiro Coelho.
El pasado miércoles 1 de junio se llevaron a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº5 a cargo de los jueces Oliden, Ruiz López y Pérez Lance los alegatos en el Juicio por la tragedia ocurrida en los talleres textiles de la calle Luis Viale 1269, dónde muerieron cinco niños y una mujer embarazada. La abogada a cargo del patrocinio de la víctimas Miriam Carsen pidió veinte años de prisión para los encargados Luis Echerico Condori y Juan Manuel Correa y para los empresarios y propietarios de las marcas JD, LDV y Wol Daniel y Damián Fischberg, y Jaime y Javier Geiler. Según la CNCT, luego de diez años del incendio que puso en la escena pública la problemáticas de los talleres textiles clandestinos y el trabajo esclavo, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense continúan funcionando cerca de ocho mil talleres.
Según declaraciones de la abogada de los familiares de las víctimas durante la conferencia previa llevada a cabo en la escalinatas de Tribunales, la estrategia de la querella es “resaltar que las personas a cargo eran conscientes de la situación de legalidad del taller y que no hubieran podido trabajar en la legalidad teniendo a las personas que estaban viviendo bajo esas condiciones y que por lo tanto merecen una condena.” Según los relatos de los sobrevivientes los trabajadores estaban viviendo dentro en la planta superior del taller, en habitaciones separadas por cartón prensado, sin agua caliente y trabajando de catorce a quince horas por día. Después de diez años de esta tragedia los talleres textiles clandestinos siguen existiendo. Según Joaquín Fernández, dirigente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), “el setenta y cinco por ciento de los talleres textiles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires producen con trabajo no registrado, dentro de los cuales, un sector muy grande usa trabajo esclavo”. La persistencia de este tipo de explotación se debe a que, según el dirigente sindical y cooperativo, “existe una connivencia de los empresarios con los inspectores y las fuerzas de seguridad. De hecho muchas radio locales ofrecen trabaja en estos lugares. Sobre todo a la comunidad boliviana” explica.
El efecto de la apertura de importaciones
Sin embargo, durante los primeros seis meses de gobierno del Pro, la situación de estas ocho mil empresas ilegales ha cambiado. La apertura comercial de la economía ha generado que muchos talleres textiles dejen de producir y se dediquen a cambiar las etiquetas de prendas chinas. “El mismo empresario irregular que antes trabajaba con un taller clandestino, hoy se dedica a importar prendas de China o Bangladesh, que son lugares donde hay una mayor explotación” explica Fernández y agrega “tampoco ha habido una política de blanqueo por parte del nuevo gobierno. Hay muchos menos controles que antes. Nosotros desde la CNCT y la CTA hemos propuesto elaborar un registro nacional de trabajadores textiles como el del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA) que funcionó muy bien durante el gobierno anterior.”
Esta invasión de productos importados no solo ha afectado a los talleres clandestinos. También lo ha hecho sobre el sector cooperativo, el cual ha sido refugio de muchos trabajadores antes precarizados. Durante el periodo del gobierno kirtchnerista, muchas de estas cooperativas han sido beneficiadas por diferentes políticas de promoción de la economía social, que las ha incorporado como proveedoras de Estado. El abandono de estas políticas por parte del Estado y el aumento de los insumos y la energía las pone en una situación crítica. “Nosotros estamos proponiendo que las cooperativas textiles desarrollen un trabajo personalizado de baja escala en cada región, elaborando productos propios” con el fin de tener una dependencia menor de una industria que tiende a virar hacia la importación.
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