Así lo afirmó Elisa Dietrich, vocera de la Unión de Gremios de Tierra del Fuego, en diálogo con Desde el barrio. Dietrich explicó que la tensa situación que se vive en la provincia austral hace más de sesenta días tiene como origen un paquete de medidas que incluyó «la quita del 82% móvil, una reducción salarial, un cambio en las condiciones jubilatorias y un montón de otras leyes que perjudican la calidad de vida de los trabajadores estatales en primer lugar y de la comunidad de Tierra del Fuego».
Ante tal panorama la Unión de Gremiós decidió «iniciar un plan de lucha, acampando frente a casa de gobierno y realizando varias acciones». Dietrich denunció la respuesta del gobierno provincial como represiva y sin voluntad de diálogo, y que el episodio más grave fue que tras un incidente al perdir audiencia con el vicegobernador provincial «en la madrugada del lunes 2 de mayo se hicieron allanamientos violentos, rompiendo puertas, y golpeando gente mayor. A los padres de uno de los dirigentes sindicales los tuvieron dos horas esposados, boca abajo y en ropa interior en su casa, y a él lo llevaron incomunicado. O sea que hoy, dos días después, que los trabajadores y los dirigentes están siendo incomunicados, detenidos y allanados por el solo hecho de haber producido estos hechos de agresión al vicegobernador. Se pidieron excarcelaciones, que fueron rechazadas, de los cinco dirigentes sindicales detenidos. Y la policía admitió que los detenidos fueron golpeados por resistirse al arresto. La provincia está militarizada, porque esta gestión está gobernando con la policía».
Interrogada sobre la procedencia de los detenidos Dietrich explicó que «hay tres compañeros que corresponden a dos sindicatos municipales, uno es el SOEM (que tiene a dos detenidos) y el otro es el ASOEM, que también es de la municipalidad de Ushuaia. Después hay dos hermanos que pertenecen a sindicatos distinos. Uno al SUTEC que es de docentes y el otro, José Domas (el que fue golpeado junto con su padre), representa a los trabajadores de casa de gobierno a través de CTA y de ATE. Solamente hay trabajadores estatales detenidos».
Finalmente, tras denunciar que el paquete de medidas «se sancionó con la legislatura militarizada y sin comisión de análisis previo», Dietrich explicó que los próximos pasos serán «reclamar por dónde sea a los organismos nacionales y de derechos humanos que vengan a la provincia y que no se queden con la información que pueda salir en los medios, porque no puede ser que un gobierno electo democráticamente se haya militarizado la provincia y se estén violando los derechos civiles y constitucionales de los trabajadores públicos por reclamar derechos laborales».
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