La fiscal de la nación, Cristina Caamaño, estuvo en los estudios de Radio Gráfica en el marco de un programa especial sobre criminalización de la protesta social, realizado por Sin Zonceras. Allí se refirió a su trabajo en el Ministerio de Seguridad, al que llegó de la mano de la entonces titular de la cartera, Nilda Garré, en el área que se denominó “Seguridad Democrática”.
“Veíamos cómo trabajar una fuerza de seguridad democrática -indicó-. Una de las primeras medidas, que ahora no veo, es que todas las fuerzas de seguridad estuvieran identificadas. También hicimos un protocolo para la protesta social. Tenía que haber un mediador, que no podía ser la misma persona encargada del operativo, porque su rol era hablar con la gente, saber qué medidas van a tomar y poder generar un marco de diálogo», sostuvo la fiscal.
Explicó que «eso no pasó con Milagro Sala, ahora la acusan de «asociación ilícita», que es un tipo penal abierto, donde el mero hecho del acuerdo constituye el ilícito. Eso tiene que estar muy bien probado. Y acampar no es ilícito. Por eso después le atribuyeron otros delitos como sedición, administración fraudulenta (delito por el que nunca nadie fue a prisión, como por ejemplo fue el caso de Gerardo Sofovich, a raíz de su situación al frente de ATC)”.
La fiscal, especialista en el tema, opinó sobre el grado de autogobierno de las fuerzas de seguridad en el país: “las fuerzas te miden, a ver hasta cuándo pueden avanzar. Por eso cuando encontramos casos de abuso o gatillo fácil pasamos a disponibilidad a los involucrados. Eso es demostrar conducción política”.
En ese mismo sentido, se mostró a favor del traspaso de la Federal a la Ciudad, aunque advirtió que “está muy desorganizado. No hay unificación de jefaturas ni de áreas”, y apuntó que “aunque a mí no me guste ver la calle llena de policías, el vecino se siente más seguro”. Pero advirtió: «está prohibido que un policía te detenga por no tener DNI o te revise el bolso. Hay procedimientos legales, pero fuera de ese marco, eso no es así. La gente tiene que conocer sus derechos».
Caamaño se refirió asimismo al decreto del presidente Macri por el que fuera removida de su cargo al frente del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) de la Procuración General de la Nación: “Fui designada allí mediante una ley discutida en sesión extraordinaria, convocada por la Presidente Cristina Kirchner. Así sale la nueva Ley de Inteligencia. Este Gobierno, el 29 de diciembre y por DNU definió que esto pase a la órbita de la Corte Suprema y la Corte ese mismo 29, con una acordada dice «No de ninguna manera, viene la feria. Hasta el 15 de febrero no lo tomo». Una ley federal es volteada por un DNU y a su vez este DNU es volteado por una acordada. Cada vez se degrada más la democracia».
Avanzada la entrevista, Caamaño admitió: “Las mayores diferencias durante mi gestión en el Ministerio las tuve con Sergio Berni, en casos puntuales de procedimientos y represión, en los que estoy segura que Garré no los hubiera permitido”.
En cuanto a la polémica sobre el derecho a transitar versus el derecho a la protesta, la fiscal sostuvo que es algo “que tiene que definir el Gobierno cómo manejar. Si atacan a niños en una murga con balas de goma, será la ministra quien lo defienda o lo castigue. Esa es la primera definición que tenemos que tener; cómo se va a manejar en protestas pero incluso en procedimientos o allanamientos”.
Y aseguró: “si esto no se define en el caso de la protesta social puede funcionar muy mal. No nos olvidemos que funcionarios de este Gobierno son los responsables de los 39 muertos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Hay que estar atentos porque la avanzada es muy fuerte, muy desprolija, y no están organizados. Vienen a llevarse puesto doce años de Gobierno. Me hace acordar mucho a la Revolución Libertadora”.
Para finalizar, la fiscal se refirió a su experiencia como fiscal en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra: “Obtuve gran ayuda del Gobierno durante la investigación por el crimen. La jueza Wilma López pidió acceso a escuchas directas y gracias a eso pudimos armar el rompecabezas y descifrar quién lo mató. Estuvimos en el lugar del hecho, recorrimos la zona, e hicimos mucho trabajo que la policía no había hecho. Recuperamos videos de fábricas de la zona. Eso iba camino a quedar en la nada. La ayuda en ese momento, a pesar de la muerte de Néstor, que fue a una semana del crimen, me hizo confiar en el Gobierno”.
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