Tres voces abordaron la situación en los penales y la responsabilidad del Servicio Penitenciario. Desde distintos ámbitos se denunció la violación a los Derechos Humanos dentro de las cárceles.
El programa Feos, Sucios y Malas de Radio Gráfica emitió el sábado 16 de Agosto un especial dedicado al Servicio Penitenciario, en el que entrevistó a Anabella Museri, investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a Ramiro Gual, del área fallecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y a Azucena Racosta, especialista en comunicación y criminología, docente de la Universidad de La Plata y coordinadora del Colectivo La Cantora.
El análisis coincidió en denunciar la constante violación a los Derechos Humanos que se presentan tanto en el Servicio Penitenciario Federal como en los sistemas carcelarios de todas las provincias. De la misma manera, se señaló a la corrupción de sus funcionarios y de sus fuerzas, y se responsabilizó a los tres poderes del Estado por la situación que atraviesan las personas privadas de la libertad. Así lo afirmó Gual, para quién “la responsabilidad del Estado está detrás de cada muerte violenta ocurrida dentro de una cárcel”.
Por su parte, Museri sostuvo que “desde la declarada emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires, aumentó abruptamente el nivel de encarcelamiento” y señaló al ministro de seguridad provincial Granados como responsable de “rehabilitar las comisarías para detención de personas, en contra de la disposición de la Corte Suprema”.
Al indagar sobre las causas de esta situación, los tres especialistas coincidieron en remarcar a la exigencia de mano dura que sostienen algunos medios y ciertos sectores sociales. Así lo afirmó Gual, quién dijo que la violencia dentro de los penales tiene relación directa con esta exigencia: “Cuando se encuentran con un clima social que acompaña, esos discursos habilitan que estas prácticas se sigan sucediendo”.
Racosta fue contundente. Dijo que las cárceles “son vertederos humanos y no sirven para la resocialización, sino para el exterminio de un sector social”. Señaló a empresarios privados “que explotan a los presos” en connivencia con los penitenciarios para alimentar las “mafias” enquistadas en los lugares de detención, y las vinculó con las huelgas policiales de finales de 2013. Para ella, esta asociación conforma un “ejército mafioso, que te levanta una cárcel y golpea cualquier gobierno”.
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