La disputa de la Argentina con el capital financiero mundial entró en otro tramo, cuando el lunes 11 de agosto pasado la empresa multinacional Donnelley, con base en Estados Unidos y parte de su capital accionario en manos de fondos buitres, cerró las puertas de su planta en la localidad de Garín y dejó en la calle a 400 trabajadores gráficos.
El jueves 14 la presidenta de la nación Cristina Fernández anunció, en cadena nacional, que el estado demandará judicialmente al grupo empresario por “subversión económica”, por violación a la ley antiterrorista. La causa ya se encuentra el juzgado del Juez Daniel Rafecas.
Héctor Amichetti, Secretario General Adjunto del sindicato Federación Gráfica Bonaerense, habló con Gabriel Fernández en el programa La Señal.
La vinculación con los fondos buitres “ha quedado comprobada”, denunció Amichetti.
Durante la reunión que el lunes 11 los representantes del sindicato mantuvieron con funcionarios del gobierno nacional, fueron notificados que “la ministra de Industria (Débora Giorgi) ya tenía información que esta empresa a nivel internacional no tenía un propietario identificado, sino que pertenecía a fondos de inversiones. Después se confirmó que otro fondo creado por Paul Singer tiene acciones en esta empresa”, expresó.
Cuando la presidenta planteó la denuncia contra la multinacional gráfica “nosotros consideramos que estas conductas empresariales son criminales, porque quedan 400 familias en un desamparo total”, afirmó Amichetti.
A primera hora de ese lunes, en el momento que tenían que ingresar a tomar sus tareas, los trabajadores se encontraron con carteles colgados en las rejas que bordean la planta anunciando la decisión de la empresa de abandonar el país. De este modo, la política extorsiva de los fondos buitres pretende golpear con las cesantías a los trabajadores sindicalizados cuya respuesta no se hizo esperar.
“Es una quiebra muy particular”, denunció el dirigente del sindicato, porque “fue solicitada por la multinacional y decretada por el juez comercial sobre la marcha”, en un trámite sumarísimo que duró 72 horas.
Además, Amichetti destacó que “el hecho de haber denunciado en Estados Unidos que el grupo se iba a retirar de Argentina, habiendo dejado dinero y bienes como para cubrir indemnizaciones y no teniendo grandes deudas, sobre todo con el estado, demuestran que esta actitud de Donelley era más bien política”.
El dirigente gremial recordó que en su momento, cuando la multinacional presentó el procedimiento de crisis colocaban el eje en “los altos salarios”, hacían referencia a la evaluación de economistas -sin nombrarlos-, que indicaban “una evolución inflacionaria”, “el costo de energía”, “todos los elementos que no marcaban la problemática interna de una empresa, más bien aspectos políticos”, subrayó.
“Hasta en el tema salarios decían ‘que un promedio de 13 mil pesos para los trabajadores estaba fuera de mercado y que habría que bajarles los salarios a 8 mil pesos’,” recordó el dirigente de los gráficos. “Era una cosa inadmisible, indicaba que tenía otro trasfondo, tenía una connotación que buscaba generar una situación conflictiva artificial”, disparó.
“La situación de los trabajadores es complicada”, admitió Amichetti.
La conducción del sindicato se reunió en la Casa Rosada el viernes 15 con funcionarios nacionales. En ese encuentro hubo coincidencias porque “la preocupación del gobierno como la del sindicato es garantizar la continuidad de los puestos de trabajo. Estamos trabajando sobre la autorización de la continuidad que debe ser ratificada por parte de la Justicia, más allá que haya sido impugnada por el gobierno”, adelantó.
Consultado sobre la prosecución de la actividad productiva de la gráfica del partido de Pilar, Amichetti aseguró que “hay dos vías posibles: sobre la posibilidad concreta de una Cooperativa, desde un análisis muy exhaustivo con la Red Gráfica Cooperativa”, que en la actualidad nuclea a 31 cooperativas gráficas en todo el país y con un sindicato que es vanguardia en la experiencia de empresas autogestionadas por los trabajadores.
“La otra es la posibilidad de un inversor, que tampoco podemos descartar, porque esa planta en las condiciones en que está puede que interese” a un empresario, “en la medida que tome a todos los trabajadores y mantenga sus condiciones laborales”, analizó el dirigente.
“No son salidas rápidas y simples, pero tenemos que trabajar como lo hemos hecho en todas las situaciones complicadas en la que ha habido que recuperar empresas”, aseveró.
Por último, Amichetti reflexionó que “estos sectores económicos tienen un mecanismo de acción y de poder que es contra el que peleamos permanentemente desde un modelo nacional, que por lo menos ha logrado ponerle límites, no quitarle el poder. Nos coloca en el medio de una batalla contra ellos. Tenemos que tener mecanismos para neutralizar esas acciones. Ese es el gran desafío que tenemos”, concluyó.
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