El pasado jueves comenzó el juicio por la masacre de La Cárcova, ocurrido el 3 de febrero de 2011, cuando un tren de carga de la exlínea Mitre descarriló en el tramo de vías que atraviesa la villa, paso obligado de los pibes que van a «la quema», predio cercano del CEAMSE, a revolver la basura en busca de comida u objetos para recuperar y vender.
«El tren estuvo una hora sin movimiento y sin operarios, y los pibes se acercaron a la carga», relató Leonardo Rebolino, miembro de la Campaña Contra la Violencia Institucional, entrevistado por Sin Zonceras. En ese momento, irrumpió en el lugar un operativo conjunto de la Bonaerense y de la Policía de Buenos Aires II, que lanzó gases lacrimógenos contra los chicos, ante una supuesta denuncia al 911 que alertaba sobre un saqueo. «Los pibes empezaron a correr, y la policía abrió fuego con balas de plomo, con escopetas, -recordó Rebolino-. Así mataron a Mauricio Ramos (17) y Franco Almirón (16). A Joaquín Romero (19) lo hirieron, y lo dejaron al borde de la muerte. Pero se salvó, y hoy es nuestro testigo más importante, el que declaró hoy en el primer día de juicio».
Rebolino aseguró que «el ministro Ricardo Casal fue el primero en decir que una banda armada de narcos y transas recibieron con balazos al operativo, y que eso motivó los disparos. Esto fue después negado por los propios conductores del tren, -advirtió-. La única banda organizada era la Policía Bonaerense».
Gracias a la movilización popular y a las organizaciones sociales que estuvieron desde el minuto cero, sacando responsabilidad a las víctimas, esta versión no pudo instalarse. En el juicio están imputados el subinspector Gustavo Vega de la comisaría 2° de San Martín y el oficial Gustavo Rey del cuerpo de la Policía Buenos Aires II. «Tenemos expectativa de que Casal de respuesta de por qué se decidió este operativo, -afirmó-. No solo él, sino también el Jefe policial, y el Jefe de operativo. Queremos encontrar la responsabilidad política del operativo policial», sostuvo el representante de la Campaña Contra la Violencia Institucional.
Declararán en el juicio más de 100 testigos, por lo que se estima que por lo menos hasta fines de marzo no se dictará sentencia. «Nos acompañaron los abogados del CELS, que son hoy los abogados de las víctimas, -reconoció-. Tuvimos que impugnar al juez de primera instancia por prejuzgamiento, porque en la instrucción él ya hablaba de bandas de narcos. La Corte nos dio la razón y finalmente se constituyó esta Cámara que es la que hoy está juzgando».
Rebolino aseguró que el rol de la Campaña es «asesorar y acompañar la lucha de los familiares de las víctimas. Ellos son los protagonistas de la lucha de los derechos humanos del nuevo orden, como digo yo, porque si ellos no existieran no podríamos hacer nada. Tratamos de ser polea de transmisión entre los reclamos legítimos y el Estado Nacional y provincial en instancias judiciales».
En ese sentido, el entrevistado recordó que durante 2012 se presentó un proyecto de ley para declarar como Día de la Violencia Institucional el 8 de mayo, aniversario de la masacre de Bunge, ocurrida en 1987. «Tiene que ser un día de memoria, verdad y justicia, nuevo, vinculada a la vida de los pibes jóvenes y las barriadas, que están estigmatizadas y que son la excusa de la sociedad para no ver sus propias falencias. Haremos fuertes actividades ese día. Tenemos pensado visitar escuelas, y para ello vamos preparando materiales, para informar, no sólo por los crímenes de gatillo fácil. Vamos a plantear la idea de la paritaria social juvenil, porque la situación social que se vive es el caldo de cultivo de la violencia: la falta de derechos, de laburo, de oportunidades, la masiva existencia de narcos en los barrios, que disputan territorio con el Estado y con la sociedad en general», finalizó.
JC / GF / RG
