Luego de conocido el Fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, muchos pensaron que el problema de los monopolios de los medios de comunicación había encontrado un punto final en nuestro país. Sin embargo, en la provincia de Mendoza se están viviendo situaciones que atentan contra los derechos de los trabajadores de prensa y ponen de manifiesto la necesidad de la total aplicación de la Ley 26522.
Varios grupos mediáticos mendocinos, y dos de alcance nacional – Grupo Clarín y Grupo Uno, de Vila Manzano – que tienen incidencia en la provincia, comenzaron a despedir a periodistas o a inducirlos a llevar adelante retiros voluntarios sin cumplir, en las liquidaciones indemnizatorias, con lo estipulado por el Convenio Colectivo de Trabajo de Mendoza – que data del año 1975 – y con lo establecido en el Estatuto del Periodista.
Mariana Baranchuk, periodista, docente, investigadora y asesora en la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue entrevistada al respecto en Patria Grande Latinoamericana. «La última causa que empieza a mover esta situación no es un despido, sino un retiro voluntario de un trabajador del diario Los Andes, o sea del Grupo Clarín. Según el Convenio Colectivo el sueldo básico, cuando entrás al medio, es de dos salarios mínimo vital y móvil, por lo tanto $7200. Cuando le van a liquidar al periodista lo que le correspondía por retiro voluntario, el número no coincidía con esta cifra. A partir de ahí empiezan a surgir otros casos de despidos que no habían sido públicos y tampoco tenían adecuados los montos indemnizatorios a lo estipulado por el Convenio Colectivo. Lo que sorprendió es el reclamo conjunto de todas las empresas mediáticas. Ahí esto toma estado público e incluso sale a la luz el visto bueno que el juez le había dado a esta situación», explicó la investigadora.
En este contexto, Baranchuk afirmó, en diàlogo con Gabriel Fernández y Jorge Thierbach, que «la aplicación plena de la Ley no tiene que ver solamente con el Grupo Clarín y, si nos ponemos del lado de los trabajadores de prensa, las patronales son patronales. Por ejemplo, Mendoza fue le primer centro de operaciones de Vila. Ese es el lugar donde vive, tiene ciertas operaciones de las cuales no puede dar cuenta, ha tenido situaciones con el gremio de periodistas cuando estaba a cargo de Eduardo Picco, también había tirado a la baja todo lo que tiene que ver con cuestiones de renovaciones salariales. Cuando tenés dirigentes ricos con trabajadores pobres, sospechás. Tiene un historial complicado».
La periodista relató que tuvo la oportunidad de colaborar con trabajadores de prensa y que «sólo pueden escucharme y darme aire los compañeros de las radios comunitarias, porque los que trabajan en medios llamado «afines» también son patronales y en esto no se hace diferencia. Esto tiene que ver con un tema laboral, con los derechos de los periodistas y con la democratización de la comunicación. Para el periodismo la única posibilidad es que el juego se abra y haya cantidades impresionantes de lugares a donde puedan ir a trabajar porque sino siguen atados de pies y manos».
Finalmente, resaltó que la situación que actualmente viven los periodistas mendocinos se enmarca en el comienzo de los juicios por delitos de lesa humanidad en aquella provincia en los cuales, por primera vez, «la Justicia va al banquillo por complicidad con la Dictadura. En este clima están tratando de aleccionar a la Justicia para que no falle a favor de los trabajadores pero, si ésto llegara a suceder, se va a generar un efecto dominó e irían por el Convenio en Mendoza y después por el Estatuto del Periodista. Lo que no pudo la Dictadura, ni Menem, conseguirían hacerlo los medios».
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