Edgardo Form, legislador porteño por Nuevo Encuentro, habló en Punto de Partida sobre la iniciativa que busca regular los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires: «ayer presentamos en sociedad un proyecto que es de autoría de los diputados Anibal Ibarra, María Elena Naddeo y que nosotros con todo gusto acompañamos desde el bloque Nuevo Encuentro»
«Tiene como objetivo regular las locaciones urbanas en el marco de un déficit habitacional que tiene una larguísima historia en nuestro país, y puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires. Requiere que el Estado intervenga fijando un marco normativo, a través de políticas públicas, para posibilitar el goce de un derecho constitucional, de un derecho humano como es el derecho a una vivienda digna», dijo respecto a lo que pretende este proyecto. «La constitución porteña consagra este derecho en el artículo 31, habla de vivienda digna, de habitat adecuado. Pero no basta con que figure en la letra de la Carta Magna, hace falta que haya un estado presente. Sin estado no hay derecho. Entonces esta ley lo que procura es fijar el marco para que el acceso a la vivienda sea posible», argumentó.
Form explicó que la propuesta plantea que: «por un lado, los contratos no pueden tener un plazo menor a 3 años, lo cual es importante para darle previsibilidad a las familias que alquilen. Se fija un tope del 0,7% del valor inmobiliario de referencia a los efectos de que ese sea el techo del monto del alquiler que cobren los locadores»
También reflexionó sobre la situación de la vivienda: «en nuestra ciudad hay un déficit habitacional que afecta a 500 mil personas. Y paralelamente, como contrapartida, se calcula que hay 300 mil viviendas desocupadas que han sido construidas o adquiridas con fines de ahorro, preservación del valor. Con fines, inclusive, especulativos». El legislador aclaró que son datos recopilados durante el Censo Nacional de 2010 «que hablan de una brecha notable, dramática, entre la demanda insatisfecha de la vivienda y el hecho de que haya viviendas ociosas sin habitar».
Respecto a este desequilibrio, el proyecto plantea «la aplicación de un tributo, el triple del ABL, que paguen los propietarios de inmuebles que durante más de un año permanecen desocupados. El fruto de esa recaudación, proponemos, que vaya a un fondo de garantía que contribuya a otorgar las garantías requeridas por los contratos de alquiler a las personas que no cuenten con los recursos. E inclusive, para subsidiar una parte importante de los alquileres a aquellas familias que jamas hayan tenido acceso a una vivienda ni hayan hecho un contrato de alquiler».
Además habló del papel que debería tener el IVC para su aplicación: «prevemos que el Instituto de Vivienda de la Ciudad cumpla un rol de registro en cuanto a la cantidad de viviendas ocupadas, las que están alquiladas (…). Para tener la información que permita aplicar ese tributo triplicado».
Al ser consultado respecto a como afectaría esta ley a los propietarios, el legislador respondió: «cuando hay un propietario que tiene uno, dos o tres inmuebles sin ocupar durante más de un año no se lo vamos a expropiar ni mucho menos». La iniciativa pretende «que se pongan en oferta esos inmuebles no utilizados para permitir que la oferta equilibre a la demanda y esto también contribuya a la baja de los importes que se cobren abusivamente».
Expresó sus expectativas respecto al tratamiento del proyecto «esto fue presentado en noviembre del año pasado y sin perjuicio de la composición actual de la legislatura que, hay que decirlo claramente, es adversa a la consagración de derechos de carácter social. Es más, hay casos emblemáticos de leyes como una que prorrogaba hasta 2017 la protección de las empresas recuperadas por sus trabajadores bajo la forma cooperativa que fue votada por unanimidad, es decir por todos incluyendo el bloque oficialista y Macri la vetó».
Dejó clara la incertidumbre que hay ante el tratamiento de leyes que promuevan reivindicaciones sociales «el riesgo de que no sea aprobada en la legislatura o bien que sea aprobada y que Macri la vete existe en este escenario político. Pero eso no obsta para que nosotros como legisladores que fuimos elegidos por la ciudadanía para legislar impulsemos proyecto que vayan al encuentro de necesidades no resueltas».
Por último destacó la importancia de las movilizaciones populares: «las conquistas que se han obtenido en materia de derechos sociales son producto de la lucha popular, de la organización, de la solidaridad».
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