Un informe publicado hace días en Mundo Villa afirma que el gobierno porteño desconoce veintinueve fallos judiciales que favorecerían a vecinos de barrios humildes en la ciudad. El juez Andrés Gallardo fue quién denunció esta situación de irregularidad.
Consultado en Desde el Barrio, Carlos Aira lo interrogó sobre las razones que tiene el macrismo para frenar tantas sentencias: “La intencionalidad política es clara, pero la respuesta debería darla Mauricio Macri. Lo que parece evidente es una falta de compromiso con la Constitución y un desinterés expreso en resolver las cuestiones de la gente. Concretamente, en La Boca tengo una causa con los conventillos. Hay un régimen aprobado para los que estén en situación de extrema gravedad y la gente que vive allí pase a hogares de transición. Ahora nos encontramos con algunas revisiones que denotan mayor gravedad, ya que hay dos conventillos, uno en la calle Cerri, otro en Rocha, sobre los cuales el gobierno local presentó una recusación para no cumplir la orden judicial”.
Posteriormente, Andrés Gallardo remarcó la diferenciación social que produjo el PRO en la Ciudad de Buenos Aires: “Si analizamos el conjunto de sentencias incumplidas nos damos cuenta que temas ligados a la salud, medicamentos, basura, plazas, transporte escolar tiene un común denominador: la Avenida Rivadavia. No hay situaciones estructurales negativas de Rivadavia hacia el norte. Es impensable que un vecino de Callao y Quintana tenga un accidente en la vía pública y una ambulancia tarde dos horas en socorrerlo. Es impensable que el Hospital Fernández tenga problemas de insumos. Los problemas ocurren en los barrios periféricos, y cada día, en forma más ampliada. Los problemas ya no ocurren en Villas. Ocurren en Piedrabuena, Soldati, La Boca. Esto nos da cuenta lo que nosotros llamamos una concepción de política dual. En un mismo territorio convive una sociedad con goce pleno de derechos – al norte – y otra con restricciones en su dignidad que vive al sur de Rivadavia».
Consultado por Carla Pelliza, el juez en lo contencioso administrativo dio su parecer en la democratización judicial: “No es una necesidad, la reforma es imperativa. En todo el país hay estructuras judiciales burocratizadas, que no recorren las calles. Que no se acercan a las problemáticas de las personas. Que ocupan escritorios solamente. Y que alejan a la sociedad civil del aparato judicial. Ya tenemos un problema serio de acceso a la justicia. Por ejemplo, la Constitución de la ciudad es desconocida por las mayorías, y entonces se pierden derechos”.
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