Se realizó por primera vez un juicio contra agentes del Servicio Penitenciario Federal, acusados por delitos de torturas físicas y psíquicas al joven detenido. También fueron imputados otros tres oficiales por haber omitido la realización de la denuncia en 2011.
Sebastián Pacilio, abogado de la Procuración Penitenciaria de la Nación y querellante en la causa, destacó en Punto de Partida: «Para nosotros es un paso histórico. En todos los casos que somos querellantes, esta es la primera condena que conseguimos».
Tras cuatro años de espera fue sentenciado el Jefe de Turno, Juan Pablo Martinez, otorgándole la pena más alta: nueve años y seis meses de prisión al considerarlo coautor de las torturas. También a Roberto Cóceres y Víctor Guillermo Meza con penas de ocho años y seis meses. No sucedió lo mismo con Javier Enrique Andrada, quien resultó absuelto al no haber sido reconocido en la foto por Brian, aunque en el transcurso del proceso habían encontrado otras pruebas.
En cuanto a los agentes que no admitieron la denuncia, Juan José Mancel, jefe de día del complejo, resultó el único condenado entre ellos con dos años de prisión en suspenso. Por su parte Ede Martín Vallejos, celador del pabellón donde empezó la tortura, y Juan Fernando Morinigo, requisa que sigue trabajando donde ocurrieron los hechos, resultaron absueltos.
El 30 de Junio se darán a conocer los fundamentos de la sentencia. El Tribunal también dictó la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para todos los condenados.
En declaraciones a Radio Gráfica, Sebastián Pacilio afirmó que “los presos cargan con el estigma al entrar a la cárcel al ser considerados como delincuentes y pensarlos como una cosa, no como un sujeto de derecho” y a raíz de eso “los torturados reproducen ese prejuicio en el cuerpo de sus victimas. Incluso cuando llegan a juicio siempre sus mensajes y sus descargos también discurren por ese discurso”.
Al estar en un año electoral y existir posibilidad de que los presos voten, el letrado aseguró que «el acceso a derechos en este caso, políticos y federales, no solo tiene que ser concedido de esta manera como un derecho para los detenidos. La privación de libertad no tiene que acarrear la perdida de sus derechos, sino que puede ser concedido como un vehículo que les permite el acceso a la vida social que contribuye a generar conciencia y que armen un proyecto de vida».
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