Por Luis Lazzaro*
“La guerra terminó”, se escucha decir en estos tiempos respecto de la relación del kirchnerismo con el grupo Clarín. Se mezcla en el campo de batalla la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, primera ley de medios de la democracia. Esa ley nació en 2004 en la sociedad civil con los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, para reparar derechos que la ley de la dictadura vulneró respecto de los medios comunitarios, cooperativos, pymes y del sector público. Por entonces la relación entre Héctor Magnetto y el gobierno de Néstor Kirchner era de amistad absoluta; faltaba mucho para que alguno de los bandos declarase las hostilidades.
El debate que promovió la sociedad civil -y que el gobierno de Cristina impulsó después- permitió exponer a los medios como actores políticos con intereses (económicos, sociales, de poder, etc.) y también los riesgos que entraña la concentración monopólica para la libertad de expresión. Así lo ratificó el fallo de la Corte Suprema en 2013, que repuso la plena aplicación de la ley y dejó expuesto al grupo económico de Magnetto. Este, sin embargo, nunca cumplió con la ley y cavó trincheras para su “periodismo de guerra”.
Si bien la sociedad civil reclamó la desconcentración como requisito de la pluralidad de voces, la pirotecnia con Clarín terminó por invisibilizar a sus medios y organizaciones. Numerosas emisoras pymes, comunitarias, empresas cooperativas y entidades del sector público fueron actores de reparto en la aplicación de una norma que ellos mismos gestaron. La gestión dejó varias asignaturas en el camino:
-No se confeccionó el plan técnico de frecuencias ni se resolvió la situación de más de 500 radios con permisos precarios y 88 emisoras comunitarias. Tampoco se concursaron las radios AM previstas en 2008, con un plan de 80 nuevas emisoras en todo el país.
-El primer llamado efectivo para televisión se realizó en 2015, con concursos resueltos de apuro, a posteriori del ballotage presidencial. Canales como Barricada TV, Urbana TV y Pares TV debieron acudir a la justicia para poder emitir y aún (2019) reclaman por su derecho a ser incluidos en la grilla del cable. Otro tanto sucede con medios provinciales como Chaco TV o la emisora universitaria de La Plata o de empresas pymes en todo el país, donde Cablevisión goza de patente de corso.
-Cientos de concursos de radios locales FM del interior fueron rechazadas por objeciones formales de la Autoridad Federal (AFSCA) a pesar del esfuerzo económico y organizativo de emisoras que ya estaban operativas y que participaron del censo convocado a fines de 2009 como primera medida administrativa, ni bien se sancionó la ley, para reservar su derecho.
-Las cooperativas de servicios públicos enfrentaron juicios y demoras de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) lo que retrasó casi tres años el otorgamiento de la primera licencia (La Pampa). Se evitó así una competencia real en la televisión paga y servicios de internet, que podría haber limitado los abusos del operador dominante -Cablevisión- cuya concentración, vía fusión con Multicanal, fue autorizada en 2007.
-El Fondo de Fomento para medios comunitarios y de pueblos originarios (FOMECA) creado por la ley, se implementó casi cuatro años después de sancionada la ley. Su floja ejecución, empeorada sin dudas por la gestión escandalosa del macrismo, afecta la sostenibilidad, acceso a equipamiento y contenidos a los medios comunitarios, de pueblos originarios y pequeñas productoras.
Pero hablemos del mito de la “guerra”. En realidad, Clarín resultó un claro beneficiario de la década K. Este grupo económico fue salvado de la quiebra y la compra agresiva de los acreedores mediante leyes sancionadas en 2002 y 2003. En 2005 fueron prorrogadas todas las licencias de los operadores comerciales, favoreciendo claramente el status quo de quienes habían ganado posiciones con las leyes de la dictadura y los años del neoliberalismo. En 2006, Clarín y el fondo Fintech se quedaron con Cablevisión concentrando el 47,3 % del mercado de TV paga, posición dominante que el gobierno convalidó luego, autorizando la fusión en 2007. Hacia 2015, al finalizar la gestión del kirchnerismo, las ventas del Grupo se habían incrementado un 41% respecto del 2014 con una facturación superior a los U$S 1.200 millones, según los balances de Price Waterhouse & Co. En la actualidad el Grupo se ha convertido en el actor dominante en los negocios concentrados de televisión, telefonía, móviles e internet luego de la compra de Telecom, gracias a decretos del macrismo que bloquearon la competencia de Telefónica. Cablevisión Holding fue la empresa de la Bolsa que más ganó en 2018; la sociedad de los hermanos Noble Herrera, Magnetto, Aranda y Pagliaro, controlantes del 39% de Telecom, ganó el año pasado $ 47.019 millones, más de U$S 1.000 millones actuales.
En el fragor de la batalla, si alguna vez esta existió, quedaron en el camino las empresas locales, medios cooperativos y comunitarios de comunicación, de Universidades y sector público cuyo desarrollo debía fortalecer nuevos actores con poder suficiente como para terciar ante la opinión pública. Quienes invocan el fin de la guerra de trincheras se olvidan de todos los que quedaron en el camino. Dicen que algunos –como los japoneses extraviados- no se enteraron que la guerra contra la corporación se terminó. Sin embargo, la única guerra que interesa -la de poder elegir en libertad entre voces diferentes- está más lejos que antes de ser ganada y sigue pendiente.
(*) Docente de Derecho de la Comunicación y la Información (UNDAV-UNM)
