Aníbal Ibarra, integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala, denunció que «no hay juez ni fiscal que tome una decisión de fondo sin consultar con Gerardo Morales» y aclaró que las presiones del Ejecutivo recayeron sobre la Justicia y los testigos. Esta semana se llevó adelante una audiencia de la megacausa conocida como «pibes villeros», que involucra a Sala y otros 30 imputados. El Tribunal definió que el juicio oral y público no podría contar con la presencia de la prensa y se permitiría el ingreso de sólo 16 personas, lo que dejó fuera a los familiares de los enjuiciados.
El abogado, que estuvo presente en las dos primeras audiencias del juicio, relató que «el Tribunal, luego de que se dijera que se trataba de un juicio de interés público, ordenó que no podrá entrar la prensa después de la lectura de la acusación por parte de la fiscalía. Además, ordenó que sólo podrían entrar 16 personas, por lo cual un familiar por imputado no podrá entrar, porque son 30». El abogado de Milagro Sala objetó, dado que la publicidad del juicio «es una garantía para cada uno de los procesados», pero la Presidenta del Tribunal rechazó la petición.
Ibarra advirtió que «en todos los casos en los que tiene que ver Sala o la Tupac Amaru, no hay juez ni fiscal que tome una decisión de fondo sin consultar con Gerardo Morales. Si es por ellos, quisieran que los medios sólo publiquen (los testimonios de) aquellos que fueron amenazados o extorsionados por el gobernador de Jujuy para hablar en contra de Milagro», dijo en Radio Gráfica.
Una de las detenidas, Shakira, fue operada tres veces en el último año y «no le dan siquiera la presión domiciliaria, de la que gozan muchos genocidas condenados. Esto es una decisión política, no buscan condenarlos sino destruirlos anímica y físicamente«. Además, advirtió que hay acuerdos con los testigos u otros detenidos porque si «usted declara contra Milagro Sala, sale» de la cárcel.
En ese contexto, Ibarra manifestó no tener buenas expectativas respecto a la resolución de los juicios dado que las presiones golpearon tanto a los jueces y fiscales como a los testigos. «Expectativas en lo que pueda hacer la Justicia, ninguna», sentenció y aseguró que «en este contexto, ya están condenados».
En los juicios y causas contra opositores al Gobierno, también se encuentra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios del Gobierno anterior por la causa que investiga la firma del Memorandum con Irán. Como abogado de Oscar Parrilli, Ibarra explicó que «antes daban golpes de Estado pero hoy es más sofisticados. Con un acuerdo con los grandes medios, ponen a la oposición como corruptos y llega la Justicia a redimir y ponerlos en orden con detenciones por causas inventadas y en cadena nacional«.
La persecución política y deterioro de políticas de derechos humanos trascendió la provincia de Jujuy y golpeó a nivel nacional porque «está haciendo agua el proyecto económico del Gobierno, a la gente no le alcanza, hay bronca y lo peor no pasó porque vamos por varios meses de inflación con recesión». En ese marco, «va a haber serios problemas sociales y por eso es el tema de las Fuerzas Armadas, no porque vayan a poner los tanques en las calles sino porque necesitan la Gendarmería para reprimir».
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