Por Valeria Rodríguez (*)
El gobierno de Mauricio Macri, desde sus inicios se empeñó en llevar adelante la teoría de Michel Foucault de vigilar y castigar con el objetivo de lograr la naturalización de la operación y de esa manera instalar la esclavitud new age que implica la pérdida de todos los derechos adquiridos tras largas luchas sociales.
Vigilar y castigar supone no solamente la utilización de la fuerza sino también la manipulación de la información para conseguir el control social, incluso utilizando material de espionaje, violencia directa y psicológica por parte del Estado y las fuerzas de seguridad.
Si bien la vigilancia y castigo forman parte del programa de un Estado, es de suma importancia que exista una idea de soberanía pero lo peligroso es cuando empresas privadas o países extranjeros se inmiscuyen en ello. En la misma línea, durante los años 70, se expandieron en la región, una serie de golpes militares que estuvieron regentados por Estados Unidos a través de un plan de naturalización y aceptación de un nuevo paradigma económico denominado neoliberalismo financiero.
Para lograr la naturalización del mismo, se impulsó la vigilancia y castigo de todo aquel que se encontrara en contra del orden establecido, asimismo, después de las luchas perpetradas por los organismos de derechos humanos, este tipo de plan represivo perdió el consenso y ganaron presencia los gobiernos populares que trabajaron fuertemente la política de los Derechos Humanos.
Tras el desgaste de los mismos, apoyados por operaciones de prensa serviles a intereses externos, la idea del “curro de los derechos humanos” ganó adeptos, lo cual permitió, por lo menos en nuestro país, la incorporación democráticamente de un gobierno cuya posición se centra en la represión para incorporar una nueva etapa del neoliberalismo financiero.
El gobierno de Macri sigue sosteniendo que es necesaria la militarización, de hecho, durante el día de las fuerzas armadas sostuvo que es necesario que éstas se hagan cargo de la seguridad interna, desconociendo o bien pasando por alto de que existe una legislación que lo prohíbe.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que tras el avance de las nuevas tecnologías se construyeron nuevas teorías conspirativas y como consecuencia fueron surgiendo nuevos actores políticos internacionales que hicieron de éste un negocio, por ejemplo, Israel, que cuenta con 300 empresas que se dedican a la ciberseguridad o ciberespionaje encubierto.
A su vez, cabe destacar que las relaciones entre Argentina e Israel que fueron incrementándose desde la asunción del gobierno de Macri, es más, durante la visita que realizó Benjamín Netanyahu a nuestro país, en 2017, se firmaron varios acuerdos, dentro de los cuales existe uno sobre seguridad pública, “cuyo objetivo es profundizar y mejorar la cooperación entre la policía y otras autoridades de los dos países para frustrar y descubrir delitos, además de identificar a sus autores principalmente a través del intercambio de información estratégica y operacional como por medio de la cooperación directa entre los organismos autorizados a todos los niveles”.
Además de ésta visita, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante el año pasado viajó varias veces a Israel con el objetivo de la compra de material bélico y ciberseguridad, en ese marco se adquirió el polémico software de vigilancia “pegasus”.
PEGASUS, herramienta de espionaje y monitoreo social
El Pegasus es un software desarrollado por la empresa israelí NSO Group que puede capturar el micrófono o cámara de teléfonos celulares. La empresa declara que solo es vendido a gobiernos y con la condición que sea para combatir el terrorismo o grupos criminales. El software ha sido vendido en la región a países como Panamá, México y Colombia.
A finales de abril, el Congreso nacional trató una reforma del código penal que consta de plantea la inclusión de 36 incisos al artículo 175, entre las principales polémicas está el Art. 30 que hace referencia a “Nuevas técnicas Especiales de Investigación» que habilitan la utilización del software israelí Pegasus. Con estas nuevas tecnologías el Estado puede hackear teléfonos celulares, tablets o cualquier tipo de dispositivo electrónico.
El artículo 175 del actual Código Penal se detalla que el proceso de vigilancia remota sobre equipos informáticos tendrá una duración de un mes pero podrá ser prorrogable. Allí se dividen en tres los tipos de vigilancia: acústica, de las comunicaciones y sobre los equipos informáticos.
«Podrá autorizarse la utilización no ostensible de un software que permita o facilite el acceso remoto al contenido de ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas informáticos, bases de datos o instrumentos de almacenamiento masivo de datos informáticos», señala uno de los incisos que propone la reforma.
Cabe destacar que recientemente, el Laboratorio de Seguridad en las Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) confirmó a través de un informe, que al menos el teléfono celular de la mujer de un tripulante del submarino ARA San Juan se encuentra «intervenido» por una computadora especializada en espionaje.
Facebook at Work, el control desde arriba
En febrero de 2016, a escasos meses de haber asumido, el ministerio de modernización anunció la incorporación de una prueba piloto con una nueva plataforma denominada Facebook at work, que es es una plataforma «gratuita y funciona de modo muy similar a Facebook», funciona tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles, facilitando que las personas puedan continuar conectadas a través de la plataforma desde sus celulares.
La idea fue la potenciar el trabajo en equipo a partir de la interconexión de información entre los usuarios, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es el tránsito de datos personales que pueden ser vendidos o utilizados por empresas para beneficio propio, hay que tener en cuenta que anteriormente existían plataformas de este estilo que fomentaban el trabajo colaborativo pero eran de producción nacional, lo cual evitaba la filtración de datos por parte de empresas privadas, es decir era el Estado quién cuidaba de esos datos.
Por otra parte, no se puede dejar pasar el escándalo de Cambridge Analytica, una de las mayores filtraciones de datos de la historia ya que más 50 millones de usuarios sufrieron la manipulación de sus datos personales.
La manipulación de los datos personales también es una forma de vigilancia pero en este caso la vigilancia no se hace desde el Estado sino desde una empresa que cuenta con el consenso y aceptación del Estado nacional.
Del decreto 365/17 al acuerdo entre el Ministerio de Modernización y la empresa Amazon
En la misma línea del facebook at work podemos destacar la emisión del decreto 365 en el cual se forma la base única de información de recursos humanos, que está compuesta por todos los datos personales de los agentes del estado.
La idea de lucrar con los datos sigue vigente, aunque no lo digan formalmente, incluso con esta reforma de la base de datos de agentes del Estado, según el decreto, se “requiere el diseño y puesta en funcionamiento de planes de recolección de información acordes con las nuevas formas de gestión que aseguren el desarrollo y el buen funcionamiento de un sistema eficiente de carrera administrativa y formulación de políticas de recursos humanos aplicables a toda la organización de manera homogénea para contar con información relevante, precisa y oportuna, es necesario aplicar métodos y procedimientos claramente definidos y controlados que permitan impulsar racional y equilibradamente las políticas de desarrollo de recursos humanos”.
Si bien antes de la firma del decreto ya existía un monitoreo de los datos personales, lo curioso de esto es que a partir de la conformación de esta base de datos el Estado cuenta con el control absoluto de todos los datos personales incluyendo la afiliación sindical y cualquier tipo de cobro adicional, así como embargos personales, lo cual anteriormente quedaba relegado a la información privada de cada agente.
En este caso el peligro es doble, por un lado tiene que ver con la persecución aquellas personas que se encuentren sindicalizados, teniendo en cuenta que el gobierno busca la demonización de los sindicatos para lograr la futura reforma laboral y por otro lado la violación del derecho de privacidad que se encuentra avalado por la Constitución nacional .
Por otra parte, en julio de 2017, también se firmó un memorándum de entendimiento con la empresa Amazon, la cual cuenta con fuertes capitales norteamericanos, el objetivo es trabajar en conjunto para promover la innovación pública y usar una nube digital para impulsar el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) en Argentina».
Lo más preocupante es que el Estado no tiene un interés nacional sino que responde a los lineamientos dirigidos por el Fmi, quien le otorgó préstamos multimillonarios, a cambio de seguir los lineamientos que ellos plantean.
Comando sur y la cuestión de Venezuela
Tras las celebraciones del día del ejército, Macri planteó la necesidad de la presencia del ejército en la “cooperación” en otras áreas del Estado, además sostuvo lo siguiente: «Necesitamos Fuerzas que se adapten a las amenazas del siglo XXI y que estén preparadas para enfrentar los problemas que hoy nos preocupan».
Cuando habla justamente de “Amenazas del siglo XXI” se refiere directamente a un documento emitido por el Comando Sur que es un ejército conformado por las fuerzas armadas del estado de Georgia, Estados Unidos y que opera en América Latina a partir de una serie de acuerdos con los países de la región.
Argentina ingresó al Comando Sur en agosto de 2016 y a partir de allí comenzó plagar de bases “humanitarias” desde el norte hasta el sur del país, cediendo de esta manera la soberanía militar.
Las Nuevas amenazas, según el documento del comando sur son cinco: El narcotráfico, la delincuencia transnacional, el terrorismo, el indigenismo y el populismo radicalizado Las cuales fueron descriptas en el documento Estrategia de Teatro de Operaciones para la década 2017-2027.
Por su parte, nuestro país adhiere a la posición del Comando Sur y es fácilmente evidenciado en las acciones del Ministerio de Defensa, que, desde la asunción del gobierno de Cambiemos compró infinidad de armamento y material de defensa para la “lucha contra el narcotráfico”. Respecto a la lucha contra el terrorismo, en mayo de 2016, Macri recibió al decano adjunto del Centro de Investigaciones Wiesenthal, el rabino Abraham Cooper, quien sostiene que existen “células terroristas dormidas” en América Latina y se comprometió a luchar de manera conjunta.
No se puede dejar de lado la situación de Venezuela que está resistiendo no solamente los bloqueos económicos sino una constante amenaza de incursión armada regenteada principalmente por el secretario de la Oea, Luis Almagro, que sostiene que “frente a la alteración del orden democrático y social de Venezuela se debe llevar adelante una intervención militar en el marco del art. 20 de la carta de la Oea”, la cual fue activada en 2016 y autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización «se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático» y por el Comando sur a través del Plan Unitas lix, que apoya la idea de Almagro.
Pero Macri no solamente busca incorporarse a una futura incursión armada en Venezuela sino que busca seguir el camino de la militarización al estilo brasileño, incorporando las fuerzas armadas en la seguridad interna del país ya que la sociedad no apoya las medidas de las recetas del Fmi que sigue a rajatabla el gobierno.
Finalmente, la vigilancia y el castigo básicamente apuntan a lo mismo que apuntó la doctrina de seguridad nacional pero con la diferencia de ser una nueva etapa del sistema neoliberal financiero que apunta a la opresión total de América Latina, frente a esto no queda otra cosa más que continuar con la resistencia social.
(*) Politóloga, periodista de Internacionales en Feas, Sucias y Malas (sábados 10 am en Radio Gráfica)
