Por Larisa Kejval (*)
El jueves 26 de abril por la mañana, poco más de una semana atrás, mis ojos guardaron la contradicción de una imagen. En la esquina de Perú e Hipólito Yrigoyen, en pleno centro porteño, se erige la moderna fachada del Ente Nacional de Comunicaciones. Aquel edificio es la sede donde el Estado Nacional pone sello y firma para tornar legales los negocios de las grandes corporaciones mediáticas y de telecomunicaciones. La autorización de la fusión de Cablevisión y Telecom vale como ícono de lo que acontece por estos días puertas adentro del edificio.
Cerca de las 11:30 de aquella mañana los pibes y las pibas de FM Ocupas de Moreno irrumpieron en la vereda de enfrente del ENACOM. Tomaron micrófonos, conectaron parlantes y comenzaron a decir, a interpelar, a reclamar con la mirada dirigida a la mole vidriada. Sus rostros testimoniaban el mestizaje propio del conurbano bonaerense. Sus ropas no eran elegantes según los estándares de la moda. Varios de sus cuerpos llevaban las huellas de alguna discapacidad. Ellas y ellos, sujetos ilegítimos para las pantallas de los medios, montaron una radio abierta porque el organismo público les mandó a cerrar su emisora. La radio comunitaria estaba dedicada principalmente a los derechos de las personas con discapacidad. La escena que quedó en mis retinas es la de una brutal exclusión.
La imagen encuentra su explicación en la profundización de una contradicción de las democracias modernas: por un lado, el desplazamiento del espacio público, condición necesaria para el ejercicio de la democracia, hacia los medios de comunicación; por otro lado, un salvaje proceso de concentración económica de las comunicaciones que se inicia en la extensa década neoliberal y que se profundiza en la actualidad. Seguramente podríamos coincidir en que cada vez más lo político se dirime entre tapas de diarios, pantallas y redes sociales. Pero, al mismo tiempo, no todos los sujetos tenemos las mismas condiciones para participar o para fijar las reglas de participación en el ecosistema mediático. ¿Cuántos de ustedes, queridos lectores y queridas lectoras, tienen acceso a los medios para que su voz suene fuerte, tan fuerte como la de TN? Entonces, como diría la película, “Houston, tenemos un problema”.
El gesto de tomar la palabra para hacerla audible en el espacio público mediatizado está en la base de los fundamentos de la creación de los medios comunitarios, populares y alternativos. Se reitera en cada rincón de nuestro país y de nuestra América Latina donde un grupo de personas decidió fundar y gestionar una radio o televisora para tornar visibles sus condiciones de vida, sus conflictos, sus denuncias, sus historias, sus canciones, sus cosmovisiones invisibilizadas.
Pero el gesto resulta insuficiente ante la potencia del mercado como regulador de las comunicaciones. De ahí se deriva la necesidad de la intervención del Estado como garante del ejercicio de los derechos comunicacionales no sólo –o no tanto- de la empresa privada; sino, fundamentalmente, del conjunto de la ciudadanía desprovista de los medios para participar con voz pública en el sistema mediático.
No obstante, durante los últimos dos años y medio, la labor del Estado fue, más que ampliar, la de desandar derechos comunicativos. Las radios y televisoras comunitarias, populares y alternativas están bajo amenaza. El cierre de FM Ocupas se repite en otras radios que padecen la ilegalidad como consecuencia del incumplimiento de la ley por parte del mismo Estado. El fondo de fomento previsto por norma para el fortalecimiento del sector se aplica a cuenta gotas y con grandes dilaciones. Los tarifazos jaquean la sostenibilidad de medios que necesitan de la energía eléctrica para mantener encendidos sus transmisores. Todas las radios y televisoras comunitarias han dejado de recibir publicidad oficial del Estado Nacional. ¿Se imaginan qué ocurriría si lo mismo le sucediera al “gran diario argentino”? En el particular caso de la Ciudad de Buenos Aires, han padecido recortes en la distribución de este tipo de pauta, a pesar de lo que establece la legislación porteña. La participación de este tipo de medios en los organismos de diseño y control de política pública prácticamente ha desaparecido.
Y aun así, la adversidad de nuestros días torna estratégicos a los medios comunitarios, populares y alternativos. Quizás haya que desempolvar sus historias de resistencia y de organización como modo de nutrir una creatividad política que permita enfrentar la época.
(*) Docente e investigadora FSOC UBA y UNDAV. Recientemente publicó el libro «Libertad de antena».
