Por Horacio Rovelli (*)
La Argentina es un país complejo, donde nada es como aparenta, pero con sus contradicciones y enfrentamientos de 1943 a 1974 crecía a tasas sostenidas, generaba empleo e iba formando un tejido social e industrial importante. En 1974 la Argentina era el país del continente americano más integrado, donde menos diferencia había entre los más ricos y los más pobres. Se había generado un modelo de sustitución de importaciones que había aprendido de sí mismo y para 1970 se había comenzado a lograr compensar las importaciones industriales (MOI Manufacturas de Origen Industrial) con la venta de casimires, caños sin costura, acero, y en 1973 se obligó a las empresas automotrices a vender vehículos y repuestos al mundo socialista. Por lo que el modelo no solo no estaba agotado, sino que empezaba a fortalecerse en un salto cualitativo en la producción industrial.
En 1969, año del Cordobazo, vino por primera vez al país el sociólogo norteamericano James Petras, se sorprendió que se construyeran en la Argentina locomotoras, autos, camiones, tractores, grúas y demás equipos, que la división electrónica de FATE creara la máquina de calcular “cifra”, que la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA hiciera la primera computadora, etc. Se reúne con el por ese entonces Presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), Elbio Cohelo y le pregunta: “…porque si tienen una mano de obra calificada y capacidad de industrialización, no se deciden a desarrollar la industria, la respuesta fue, por eso, los trabajadores son muchos, son demasiado fuertes y eso nos llevaría a una guerra civil- contestó – Pero, ¿por qué no lo intentan? -Porque podemos perder”.
En un marco internacional que tras la crisis del petróleo (en 1971 sube el valor del barril de U$s 8.- a U$s 24.-) se crea la “Trilateral Commission”, fundada en 1973 por iniciativa de David Rockefeller que aglutinaba a personalidades destacadas de la economía y los negocios de las tres zonas principales de la economía capitalista de la época, los EEUU, Europa y Japón. La Comisión Trilateral forma parte del Grupo Bilderberg y el Council on Foreign Relations, y tuvo en Henry Kissinger, primero asesor de seguridad internacional y luego Secretario de Asuntos Internacionales de Nixon, su hombre de confianza en el gobierno de los EEUU, con rol destacado en la coordinación de los golpes militares de Augusto Pinochet y de Jorge Videla en Chile y Argentina respectivamente, como lo demuestran los mismos cables de la embajada y de los embajadores norteamericanos en nuestros países con Kissinger, como lo dio a conocer el mismo EEUU, pero 30 años más tarde.
La Trilateral Commission pregonaba el libre comercio y sostenía que los Estados debían reducir su participación y dejar que los mercados definan lo que debe producir la economía mundial, eufemismo en que las grandes corporaciones penetran por su mayor conocimiento técnico y economía de escala en todos los países, conformando cadenas globales de valor que los tiene a ellos como centro y los demás deben subordinarse. Es lo que formalmente se denominó “La lógica del capital monopolista” quienes se fijaron como objetivos el control de las industrias básicas (petróleo, acero, cemento,), las finanzas y el comercio exterior, que se logra si esas actividades están en manos privadas, que por la ley de concentración y centralización de capitales termina en monopolios. Sumados al monopolio de la tecnología y del conocimiento, a la necesidad de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación), a la necesidad de recurrir al endeudamiento, condicionando el presente y el futuro del país, asociado a la libertad de entrada y salida de capitales.
Para eso era necesario desplazar al Gelbard y llegar hasta el “Rodrigazo” mediante, plan inspirado y guiado por Ricardo Mansueto Zinn, hombre del Grupo FIAT (y miembro del “grupo Azcuénaga” que fueron los que elaboraron el plan económico de Martínez de Hoz, y años más tarde directivo de SEVEL – MACRI) que fue Vice Ministro de Celestino Rodrigo en junio de 1975, quién en agosto del año 1976 publicara un libro titulado “La Segunda Fundación de la República y en él va a sostener: “…cuando un país cae en la decadencia, la única salida posible es el aniquilamiento de un modelo para reemplazarlo por otro”.
El nombre del grupo de los golpistas se debe a la mansión en Azcuénaga 1.673-CABA propiedad de la familia Blaquier-Larrieta (dueños del Ingenio Ledesma en Jujuy), donde se reunían para conspirar con los generales Guillermo Suárez Mason, Albano Harguindeguy (primero Jefe de la Policía Federal nombrado por Isabel Perón y luego ministro del interior de Videla), Alcides López Aufranc, Federico de Álzaga y Omar Riveros, asesores del futuro gobierno militar como Jaime Perriaux y Hugo Miatello (Jefe de la SIDE inteligencia entre 1971-1973 gestión de Lanusse), junto a Mario Cadenas Madariaga (dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas -CRA y secretario de Agricultura bajo la gestión de Martínez de Hoz), Horacio García Belsunce (FIAT), Guillermo Zubarán (Secretario de Energía de Videla), Enrique Loncan (Barrick Gold y Banco Gral de Negocios), Armando Braun (principal accionista de la cadena de supermercados La Anónima, de los Astilleros Astarsa, de Aconcagua Seguros, el Banco General de Negocios, el Banco Argentino de Comercio y parte de Austral Líneas Aéreas. Y tío de Marcos Peña Braun, actual Jefe de Gabinete de Ministros de Cambiemos y de Miguel Braun, actual Secretario de Comercio de Cambiemos) y Juan Etchebarne (Presidente de la Comisión Nacional de Valores con Martínez de Hoz). Todos ellos ocuparon lugares destacados de la dictadura y a su vez eran conspicuos miembros del CEA (Consejo Empresario Argentino).
El CEA fue creado en el seno de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) en 1967 en apoyo al ministro de la dictadura de Onganía, Adalbert Krieger Vasena, su presidente antes del 24 de marzo de 1976, fue José Alfredo Martínez de Hoz y como tal propició el acuerdo “APEGE” que hizo el lock out (paro patronal) en febrero de ese año como antesala del golpe militar. Desde el año 2002, el CEA se fusionó con la Fundación Invertir, conformando la Asociación Empresaria Argentina (AEA) como se la conoce hoy, presidida por un hombre ligado a la embajada de los EEUU y como tal principal convocante para conmemorar los 4 de julio, Jaime Campos. Pero sus principales directivos y Vicepresidentes de AEA son Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercado Coto), y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó)
Si bien el golpe militar se desarrolló con muy poca resistencia directa (sin quite de colaboración, boicot a la producción, etc.) lo cierto es que la represión se centró en los trabajadores y fundamentalmente en las Comisiones Gremiales Internas de las empresas, que eran el principal objetivo militar, de allí la intervención de las FFAA en las fábricas, convirtiéndose muchas de ellas en campos de concentración y centros de detención clandestina.
LA VALORIZACION FINANCIERA DEL CAPITAL
El plan económico de la dictadura militar respaldado en las fuerzas armadas y el control militar de la Nación, es de una estructura muy sencilla y se instrumenta en tres medidas básicas, que son las misas que repite el plan de convertibilidad de Menem-Cavallo y el de Macri-Cambiemos
- Retrasar el tipo de cambio (ejecutado por Martínez de Hoz en una “tabita” cambiaria que prefijaba el valor del dólar muy menor al del crecimiento de los precios).
- Baja generalizada de los aranceles y disminución de medidas para arancelarias (desprotección aduanera).
- Tasas de interés positivas y por encima del crecimiento del dólar.
De esa manera propiciaba el ingreso de capitales especulativos atraídos por tasas de interés que eran mayor que el crecimiento de los precios y muy superior a la evolución cambiaria, a su vez que se encarecía el crédito a las empresas y a las personas, siendo confiscatorio de su capital, generando una brutal transferencia de la producción y del consumo a favor del sector financiero. La burguesía local pedía préstamos en el exterior (en dólares) a bajas tasas y compraban títulos públicos o acciones o depósitos a plazo fijo en pesos, ganando la diferencia y luego se volvían al dólar retirando la renta. Renta que se abonó con más endeudamiento externo y cuando no se pudo pagar ni los intereses de la deuda (default de 1989), se cedieron los más preciados activos públicos: YPF, FFCC, SEGBA, Gas del Estado, se privatizaron las rutas, puertos y hasta el sistema previsional, etc.
En ese ínterin juega un papel destacado el FMI como orientador de la política económica de todos los gobiernos que deben subordinarse a sus recomendaciones en interminables acuerdos stand by y de condicionamientos suscriptos desde fines de 1975 hasta el 25 de mayo del año 2003.
En los estertores del gobierno constitucional de Isabel Perón, cuando fue su ministro de economía Antonio Cafiero, firmó un acuerdo con el FMI pero que no logró plasmar en créditos contingentes por el desenlace de los acontecimientos que llevaron al golpe militar del 24 de marzo de 1976. La deuda pasó de ser de U$s 5.189 millones en diciembre de 1975 a U$s 28.6216 millones en 1982 y a U$s 43.610 millones en diciembre de 1983 cuando asume el nuevo gobierno constitucional encabezado por el Dr. Raúl Alfonsín. El descomunal endeudamiento benefició a un sector muy concentrado y se extranjerizó la economía en el CEA (Consejo Empresario Argentino), para luego transferir la deuda al estado argentino fortaleciendo la dependencia con el capital financiero internacional. Esto es de tal manera que a 42 años del golpe militar, las 200 (doscientas) empresas más grandes del país concentran el 22% de lo que se produce. 50 empresas generan el 65% de nuestras exportaciones. Y 10 bancos realizan el 90% de las operaciones cambiarias, y encima el hijo primogénito de uno de los grandes beneficiados de la dictadura es el presidente constitucional de la Argentina.
Jorge Rafael Videla, Benjamín Menéndez murieron en la cárcel, Echecolatz morirá también, pero los principales beneficiados ni siquiera debieron pagar abogados para evitar el juicio.
(*) Economista, docente de la Universidad de Buenos Aires.
