Por Ariel Weinman *
La Marcha Federal Educativa del martes 21 y el miércoles 22 de marzo que concluyó con un formidable acto en la Plaza de Mayo, convocada por los sindicatos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación de todos los niveles educativos marcó definitivamente la nacionalización del conflicto por la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y la recomposición salarial por encima de las previsiones inflacionarias para 2017. La Marcha puso en escena que esta no es la lucha de un dirigente o del sindicato de una provincia, sino del conjunto de las y los docentes de las regiones de Argentina sin distinciones.
La clase trabajadora de la educación tiene por estas horas la convicción de que si el Ministro de Educación Esteban Bullrich no convoca a esa Paritaria, su destino económico estará determinado en el próximo período por la voluntad y la capacidad financiera de cada uno de los gobiernos provinciales, sin asistencia alguna del Estado nacional. Esta situación gatilla la memoria colectiva docente frente al peligro inminente del regreso de la imagen de un sistema educativo pobre, vaciado de espesor simbólico, y con una profunda desigualdad de financiamiento, como en la década del ’90.
También la Marcha, multitudinaria, aluvional, épica, que actualiza la resistencia de la comunidad educativa a la política neoliberal de la Marcha Blanca de 1988 y la Carpa Blanca de 1997, expresa la ampliación de la base social de la protesta, que incorpora a las y los docentes que hasta hace algunos días miraban con recelo la huelga encabezada por las organizaciones gremiales del sector.
Este no es un dato menor. Un sector de trabajadoras/es, más identificado con el mundo de sentido de la clase media, con sus aspiraciones, expectativas y escala de valores sociales, que con el de la clase obrera industrial, y que en la última elección presidencial confió mayoritariamente su voto a la Alianza Cambiemos y a Mauricio Macri, se ha plegado a esta lucha histórica.
Sin duda por la firmeza de las conducciones sindicales; pero además, la sinceridad del gobierno nacional y de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal hicieron el resto: primero la convocatoria a los “voluntarios” para reemplazar en las escuelas a los docentes en paro, después el ofrecimiento de 1000 pesos a las maestras y los maestros que rompieran la huelga, y hace algunas horas las declaraciones públicas del presidente de la nación cuando calificó como “una terrible inequidad de aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública».
Las expresiones de Macri, que estigmatizan e inferiorizan a la educación pública y a los sujetos que la sostienen, una perspectiva que comprende que la institución educativa no merece ser financiada porque en ella “caen” los bárbaros del siglo XXI, marca el traspaso de un límite discursivo que resulta insoportable entre aquellas y aquellos que lo apoyaron políticamente.
Y además, indica el ingreso de la lucha docente en una nueva etapa: ya no sólo se pelea por la paritaria, el salario y las condiciones laborales de los docentes, sino lo que está en juego es el imaginario de la educación pública: si continúa siendo un espacio de socialización de los sujetos, un artífice de la igualdad social y de la utopía de la comunidad nacional, de la educación como sinónimo de la movilidad social ascendente, o una mercancía sometida “al libre juego de la oferta y la demanda”, es decir, transable en el mercado a merced de la voracidad de los grupos económicos, los monopolios transnacionales de la industria editorial y cultural.
Macri se metió con una de las “vacas sagradas” de la clase media argentina. La respuesta fue contundente en la calle y en la Plaza de Mayo.
(*) Conductor de Panorama Federal / Radio Gráfica
