Por Úrsula Asta (*)
La Policía bonaerense, en persecución a un grupo de personas que había robado un auto en Lanús, ingresó al barrio porteño de La Boca disparando. El resultado, dos mujeres que estaban en la vereda de su casa resultaron heridas. Una de ellas, Claudia Ovejero, de 41 años, murió. Ante el reclamo de vecinos y vecinas de que frenen con la balacera, las fuerzas reprimieron con itacazos a quienes allí se encontraban. El saldo, caos y más personas heridas.
“Tiroteo”, “inseguridad”, que “los vecinos salieron a defender a los delincuentes”, que “los militantes del barrio estaban involucrados”, que “las autoridades ahora investigan de qué arma provino el disparo, si de los policías o de los delincuentes”, que «eran menores de edad”… una batalla de “lugares comunes” que opera en la construcción de sentido.
Lo que sucedió en el barrio de La Boca, al menos lo más grave que sucedió, excepto que se crea que un bien de uso es más importante que la vida, tuvo como única responsable a la Policía. No fue un hecho de inseguridad. Ni es inocente el uso del término tiroteo, que remite a dos partes sobre las que pesaría igual responsabilidad en el uso de las armas, suponiendo claro que ambas partes efectivamente las posean.
A pensar. El rol estatal no es el de una película de Hollywood. ¿Acaso la Policía no tiene plena responsabilidad en la decisión de ingresar a los tiros a un barrio? Incluso, más a fondo. ¿Haya provenido del arma que sea, el disparo que hirió de muerte, no es parte de las graves consecuencias que esa decisión policial implica?
En diciembre pasado, hubo un hecho similar en el barrio de Mataderos. “Un hombre de 28 años murió luego de recibir un disparo en el pecho durante un confuso episodio”, relataron algunos medios de comunicación. El confuso episodio era un supuesto tiroteo construido mediáticamente al mejor estilo Poliladron. Jonathan Echimborde recibió un disparo mientras trabajaba en su auto en la puerta de la casa. Y falleció.
Pero aquí se añade un eslabón más, la represión desatada en conjunto por la Bonaerense y la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de La Boca. A la rápida reacción de un vecindario que ocupa la calle, que vive sus veredas, que hace uso del espacio público, y que exigió que frenen los tiros, se le respondió con más tiros. A lo cual se sumó la potenciada, y criminalizante, voz mediática que puso en discusión el accionar de las y los vecinos en contra de la fuerza desatada de un Estado, que llegó a los tiros limpios a la puerta de su casa. Nada más y nada menos.
Sintonía fina. ¿Esto es gatillo fácil? Acá no se “escapó” ningún tiro fácil. Acá hubo una decisión deliberada de realizar una persecución pistolera y de, posteriormente, reprimir cuando ya todo se había ido de las manos. ¿Y por qué ido de las manos? Porque murió una mujer no involucrada en el hecho delictivo. Y porque hay responsabilidad estatal, claro.
¿Y si mataban al pibe chorro que fue perseguido con balas de plomo por la Bonaerense? No vamos a hacer futurología, aunque podemos imaginarlo. Es preciso discutir, entonces, qué pasa con el rol del delincuente. Dos de ellos también fueron heridos, a nadie le importó. A uno de ellos sólo se lo nombró porque tiene 16 años. Aunque el primer planteo de que eran menores de edad ya no calzó en el pedido de baja de la edad de punibilidad, ¡siempre en nombre de la seguridad!, porque 16 es la edad ya penada hoy en la Argentina.
Hace poco más de dos semanas, murieron siete detenidos en una comisaría en Pergamino. El accionar policial, que es el accionar estatal, aunque está siempre presente, estuvo dibujado otra vez. Y las historias se parecen. Porque lo que prevalece es la violencia practicada por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la mayoría de las veces el dedo señalador está puesto en otra parte.
En Pergamino todo había comenzado con un motín, realizado por los mismos inadaptados presos, porque uno de ellos había cometido tal o cual delito, entonces los otros quemaron colchones. Es decir, los pibes eran los responsables de su propia muerte. Pero resulta que eran 16 en una celda. Que la comisaría no es una cárcel. Que estaban bajo la tutela del Estado, el cual decidió encerrarlos allí. Que ninguno era siquiera un delincuente, porque no tenían ninguna pena formal. Y que, encima, uno de ellos llegó a mandar un mensaje de texto antes de morir: “Mamá, vení rápido que la policía nos mata”.
(*) Periodista de Radio Gráfica, conductora de «Feos, Sucios y Malas» (sábado 10am)
