Por Ursula Asta*
El Congreso de la Nación dió media sanción a la autorización para tomar deuda y a la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, que hasta ahora impiden avanzar con el negociado con los fondos buitre. Con algunos cambios, como el tope al endeudamiento por 12 mil millones de dólares y tras una sesión de más de 20 horas, obtuvo 165 votos a favor, 86 en contra, 5 ausencias y 0 abstenciones. La semana próxima se votará en el Senado.
La sesión inició con la presencia de 147 diputados y diputadas del oficialismo –Cambiemos- y de los bloques del Frente Renovador, el Bloque Justicialista –que rompió con el Frente para la Victoria- y el Partido Socialista, entre otros. Diputados kirchenristas (Frente Para la Victoria –FPV-) y del Frente de Izquierda no dieron quórum, pero ingresaron luego al recinto. Allí, el titular del bloque FPV, Héctor Recalde, propuso suspender la sesión y hacer una consulta popular sobre el acuerdo con los buitres. Rápidamente, la idea se descartó en una votación de 165 votos en contra y 84 a favor.
¿Negociación?
“La cuestión central en el conflicto con los buitres es la respuesta al siguiente interrogante: ¿su resolución es indispensable o solo conveniente para el curso futuro de la economía argentina? En el primer caso, se impondrá la demanda de los buitres y la negociación es, en realidad, una ficción”, planteó el recientemente fallecido Aldo Ferrer, economista y ex ministro de economía.
Según él, “los buitres son un problema de segunda importancia y, por lo tanto, que el arreglo es conveniente pero no indispensable”. Las razones expuestas son varias, entre ellas, que los principales problemas de la economía argentina están en el ámbito interno: “el déficit del comercio de manufacturas de origen industrial y la consecuente restricción externa, la inflación, el desequilibrio fiscal, entre otros”.
Sin embargo, y en el intento de ver “objetivamente” si tal negociación le convenía a la Argentina, buscaremos repasar algunos puntos.
Carroñeros
Los fondos buitre o, como dice el relato oficial, los holdouts, son aquellos que no ingresaron en los canjes de la deuda que la Argentina realizó en 2005 y 2010. Ocasiones en las cuales se logró la reestructuración de deuda soberana más exitosa de la historia. Ni el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni el mercado financiero participaron. Allí ingresaron el 93 por ciento de los bonistas, mientras que un 7 no aceptó.
Una mínima parte de ese 7, siguió litigando y logró embargar temporariamente algunos activos argentinos en el exterior, como la Fragata Libertad. Contaron con el respaldo del juez Thomas Griesa, quien ordenó a la Argentina pagarle a los fondos e impidió el cobro a los bonistas que sí entraron en los canjes. Vale destacar que, además del monto exorbitante sin quita alguna, pagarle a los buitres significaba dejar abierta la posibilidad a que los demás acreedores exigieran que se les otorguen mejores condiciones de las que habían negociado en 2005 y 2010.
Entre idas y vueltas en los que hubo presentaciones de ambas partes -buitres y gobierno argentino- e incluso una predisposición argentina de reabrir los canjes (que los buitres no aceptaron), la balanza de la justicia neoyorquina se inclinó por los acreedores.
Finalmente, y con nuevo gobierno en la Rosada, nos encontramos hoy. El 2 de marzo Griesa dictó una sentencia en la que dijo que quedarían sin efecto los bloqueos que pesan sobre la Argentina si el país derogaba las leyes cerrojo y de pago soberano y cancelaba antes del 14 de abril la deuda con los buitres.
Pero esto no terminó acá. Días antes de la sesión en Congreso en la que el ejecutivo buscó derogar las leyes mencionadas, la Corte de Apelaciones de Nueva York dispuso que la decisión del juez Thomas Griesa de levantar los embargos sobre la Argentina si ésta acuerda con los buitres, sólo quedará efectiva cuando ese tribunal se pronuncie sobre las apelaciones efectuadas por esos fondos.
Es decir, ni la votación afirmativa por el acuerdo garantizaría la quita de embargos. Esto puso nerviosos a diputados y diputadas dialoguistas, cuya imagen pública se vería un poco más entreguista. Un poco nada más, la votación la hicieron igual.
“La negociación es, en realidad, una ficción”
¿El conflicto finaliza con esta “solución” o esto implica el inicio de nuevos juicios? A su vez, ¿el endeudamiento es sustentable? El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) presentó un reciente análisis de los costos y beneficios del acuerdo con los fondos buitre. El documento condensa los planteos que desde el campo nacional se realizaron en los días previos a la votación.
“El acuerdo con los fondos buitre y demás holdouts podría ser el comienzo de una nueva oleada de juicios a nuestro país, esta vez, de parte de los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010”, dice el estudio. Las leyes de Pago Soberano y Cerrojo dicen que “los términos y condiciones financieros que se ofrezcan” en futuras reestructuraciones de deuda, no tienen que ser “iguales ni mejores que los ofrecidos a los acreedores” que ingresaron a los canjes anteriores. Entonces, su derogación no quita que hayan sido efectivamente el sustento de los canjes de 2005 y 2010. Lo que posibilita que haya demandas que busquen respaldo en ese entramado legal.
No está de más agregar que desde ningún bloque político pudo aseverarse que efectivamente este acuerdo no traerá consecuencias legales, es decir, nuevas demandas de acreedores. Por su parte, el diputado Axel Kiciloff explicó que el acuerdo enviado por el ejecutivo «refrenda un acuerdo que genera inequidad» ya que los holdouts «se reservan el derecho de seguir accionando judicialmente» contra la Argentina.
Aún así, y en pos de analizar otras variables, se retoman aquí las palabras del informe ya citado: “En el caso de que ese tipo de demandas no prosperen judicialmente, la conveniencia del acuerdo depende de analizar el uso que se dará a la toma de créditos externos (…). Una condición necesaria es que sea utilizado para financiar inversiones que amplíen nuestra capacidad exportadora o sustituyan importaciones, de lo contrario (…) no se genera capacidad de repago de las deudas ni se recupera el costo de retorno a los mercados financieros (pago a buitres y demás holdouts)”.
Por esta razón, desde el Centro Scalabrini Ortíz concluyen que “sin un análisis detallado de tales proyectos de inversión”, “ganan fuerza los planteos que ven en el programa del ejecutivo, el comienzo de un proyecto insustentable de endeudamiento externo como el que ha vivido otras veces nuestro país”.
Para sumar, y considerando la experiencia propia de nuestro país, no es descabellado pensar que el mero pago a los buitres ponga nuevamente a la Argentina como “la buena alumna” de los mercados financieros. Mediciones como las de “riesgo país”, que tanto gustan al liberalismo económico, no mejoran su calificación sin planes financieros y económicos amparados bajo el ala de organismos como el FMI.
Traición a la Patria
“Reinsertar a la Argentina en el mundo” es la proclama del nuevo gobierno, a través de la cual parece abrirse un camino de apertura comercial y financiera basada en las viejas recetas del mercado. Sería una estrategia de financiamiento internacional sin ningún tipo de proyecto de inversión más que promesas y frases vacías, que no aclara ni con quién ni para qué es el endeudamiento que quieren efectuar.
Pero el presidente Macri, quien dice que “estamos aislados del mundo”, está abriéndose paso firme a las relaciones carnales. ¿Será que, a diferencia de como se escuchó alguna vez, en el mundo ya no se nos cagan más de risa? Todo depende de cómo se lo mire. En los últimos días el portal Bloomberg de New York tituló: “Wall Street is in charge in Argentina (again)” [Wall Street está encargado de la Argentina (otra vez)]. Por su parte, una nota de DemocracyNow.org expresó: “The Vulture: How Billionaire Rubio Backer Paul Singer Made Billions off Argentina Debt Crisis” (El Buitre: cómo el multimillonario Paul Singer, partidario de Rubio, gana millones con la crisis de deuda Argentina)”.
El contexto, a pocas semanas de asumido el macrismo, es de devaluación, aumento de las tarifas, despidos masivos. De ajuste. Pero Mauricio Macri redobló la apuesta y amenazó con más ajuste e hiperinflación si no se aprobaba esta negociación con los buitres. Eso tuvo respuesta. El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat dijo: “Lo que más inflación genera es el pago de los servicios de deuda. Solamente un ignorante puede decir que no endeudarnos va a generar inflación. Las amenazas a este pueblo ya no van más”.
Al mismo tiempo, Barcesat, junto a otros abogados, radicó una denuncia penal bajo la figura “traición a la Patria” contra el “Presidente Mauricio Macri y todo senador y/o diputado nacional, que tenga autoría o participación en la delictiva negociación con los fondos buitres”. El endeudamiento significaría, según proclamaron, de al menos 384 mil millones de dólares.
Es iluso no pensar en defender la Patria, en acciones legales, pero también en fuertes actos de presencia simbólica en la calle. Así lo mostraron organizaciones y gremios congregados a las afueras del Congreso para repudiar firmemente el dialoguismo y la entrega de la que la que están siendo protagonistas integrantes del parlamento. Como expresó el especialista Ricardo Aronskind: “Para decirlo con la máxima claridad: El mundo no está esperando para llenarnos de fábricas, sino de productos importados que destruyan no sólo la industria, sino buena parte del agro nacional”.
(*) Área Periodística de Radio Gráfica
