La investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Anabella Museri explicó para Punto de Partida cuales son los ejes centrales de violación sistemática de derechos humanos en los penales bonaerenses.
En diálogo con Lucas Molinari y Úrsula Asta, indicó que el 60 por ciento de la población en cárceles está procesada, es decir, sin condena firme, aunque «es un índice que ha ido bajando, ya que hace 7 años era del 80 por ciento». En ese sentido planteó que «ahora es la instancia de juicio, ya que se pactan las condenas (…). Hay una Macdonalización de la Justicia. Entonces, se baja el índice de prisión preventiva, pero no a costa de acelerar la justicia efectivamente, sino porque está colapsada. Esto implica que se afecte el derecho a defensa de la persona procesada».
Museri resaltó que las principales vejaciones a los derechos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires son por «sobrepoblación. hacinamiento y violencia con participación del Servicio Penitenciario». Luego destacó «la falta de acceso a la salud, que se combina con condiciones insalubres de detención «. Para ilustrar la situación, mencionó que «Argentina tiene una tasa de muertes muy alta respecto de otros países del mundo y la región. La gente muere con un promedio de edad de 40 a 45 años. Se escucha a funcionarios hablar de muertes naturales, pero nada puede ser menos natural que eso».
«En pocos casos se realizan las denuncias. Menos casos aún avanzan en las investigaciones porque se archivan o se paralizan en el tiempo (…), menos causas son elevadas a juicio y un porcentaje ínfimo llega a condena», indicó sobre la labor del Poder Judicial, el cual encierra principalmente a hombres pobres. «Si uno persigue el eslabón más débil es un delito (…), no estamos hablando de una política de mayor o menor seguridad (…). Hay que pensar en formas de integración, políticas sociales que puedan incluir a toda esa población que el sistema excluye y pone tras los muros» .
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