A pesar de la decidida oposición de la Comunidad Educativa “Padre Mugica”, de Retiro, el Gobierno porteño desoyó los reclamos y trasladó a más de 600 alumnos a un galpón que no reúne las mínimas condiciones de seguridad, higiene y de edificación.
El área periodística de Radio Gráfica prestó especial interés desde el inicio del conflicto por el traslado compulsivo del Polo Educativo «Padre Mugica» de la Villa 31 de Retiro, por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).
Por esa razón en el programa Tejiendo Redes, el sábado 7 de abril entrevistó a los integrantes de la Comunidad Educativa, Gabriela Mamani (madre de una estudiante), Gabriela Vestel (abogada de “Nace un Derecho”) y Walter Larrea (docente y delegado de UTE).
El conflicto comenzó hacia mediados del año 2017 cuando el GCBA tomó la decisión de demoler el Polo Educativo para construir uno nuevo que, en palabras de los funcionarios oficiales, cubriría todas las necesidades de la población escolar y que contaría con 22 aulas para el nivel primario y 11 para el nivel inicial.
Walter Larrea, delegado de UTE y docente de la comunidad educativa manifestó «que en en el mes de Agosto de 2017, cuando se enteraron del traslado unos 70 padres expresaron que ese lugar no es adecuado para los alumnos«. El docente expresó que «debido a que los reclamos nunca fueron satisfechos, los docentes a través de UTE y los padres decidieron organizarse para conseguir que los escuchen» y especificó que “ se armó una mesa de trabajo en la que participaron los padres, los docentes y las organizaciones del barrio como La Poderosa, Los Invisibles, El Hormiguero y también los estudiantes». Resaltó que “los estudiantes participaron en jornadas en las que expresaron como querían que fuera el polo educativo nuevo”.
El proyecto que imaginó y proyectó la comunidad educativa de la Villa 31 de Retiro contemplaba un centro deportivo, centro cultural y un nivel terciario, que no hay en la zona. “Ese proyecto llegó al legislativo”, expresó el delegado “aunque nunca tuvimos una respuesta, ni siquiera se trató”, denunció. Más tarde se enteraron que el GCBA tenía un proyecto de polo educativo y procuraron reunirse con los funcionarios en tres oportunidades con cartas depresentación pero nunca les respondieron.
Larrea relató “que hicimos las cosas de esa manera porque buscamos el diálogo, queríamos hacer un proyecto en conjunto, ya que ellos tenían un proyecto buscamos la manera de poder compatibilizarlo con el nuestro, a pesar de que siempre nos acusaron de que nos gusta quejarnos” y describió «el traslado a ese galpón es el corolario de toda esa incomunicación».
A partir del momento que deciden no aceptar el galpón comienzan con una recolección de firmas, radios abiertas para que se conozca la situación de la comunidad y en Diciembre se contactan con la Asociación Civil «Nace un Derecho». Allí conocieron a la doctora Gabriela Vestel, con quien elaboraron y presentaron el amparo que salió favorable.
La abogada describió que “el lugar destinado a las aulas es una ratonera” y abundó “primero porque por allí hay tránsito pesado, es un lugar muy peligroso” luego explicó que “hay un reglamento de dónde puede enclavarse una escuela y cómo”, denunció que “todo eso fue incumplido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
Gabriela Mamani es mamá de una estudiante y está abrumada de vivir en la incertidumbre de no saber que es lo que va a pasar. No tienen información concreta porque hay muchas personas que intervienen y ella no sabe que rol cumple cada una dentro del ministerio de educación y tampoco les informan de nada. Hay una dependencia del Ministerio de Educación en la zona de la Villa 31 y cuando los padres y madres concurren a efectuar su reclamo, la respuesta es “nosotros no tenemos nada que ver”.
La mamá relató que “los funcionarios nos dijeron que tenían dos aulas modulares, pero el primer día de clase» denunció «los chicos no tenía ni un vaso para tomar agua, el lugar es chico, se redujeron las vacantes, no tiene comedor, no tienen un lugar para jugar, ni un lugar para saludar la bandera todos los días”. Gabriela habla con preocupación y bastante angustiada por toda esta situación que cambió su vida y la de toda la comunidad educativa de la Villa 31 de Retiro.
Las aulas que proveyó el GCBA son de 2 por 3 metros, con paredes de durlock, que no tienen estantes para apoyar nada. Los pocos juguetes que los chicos tienen están en cajas mordidas por los roedores y sucias con las heces de las ratas que abundan por el lugar. Hay un armario muy chico para que las maestras dejen sus pertenencias.
Los chicos comen viandas que nos les brindan demasiada tranquilidad a los padres desde lo nutricional. Allí concurren los estudiantes de secundario vespertino, para jardín de cero a dos años de mañana y de cero a cinco años vespertino. Los estudiantes de primaria vespertino y jardín de tres, cuatro y cinco años los ubicaron en la calle Ramón Castillo a 21 cuadras de la escuela demolida.
La mamá aclaró que “a pesar del reiterado reclamo de los padres de no ubicar allí las aulas, otra vez no los escucharon ni los tuvieron en cuenta” y denunció que “las aulas que nos dieron no tienen luz, no hay línea telefónica y en la última lluvia se inundó todo el lugar y los chicos perdieron varios días de clases”. Casi al borde del llanto Mamani resaltó que “es muy feo dejarla en la escuela cuando me voy a trabajar o a estudiar, me pregunto ¿y si le pasa algo? No tengo forma de comunicarme con la escuela o que la escuela se comunique conmigo”.
Los entrevistados manifestaron su preocupación sobre la ubicación de las nuevas aulas en la calle Ramón Castillo, que rodea toda la villa. El problema es que la tienen que cruzar para concurrir a c ase, porque los estudiantes que viven en el fondo de la villa, tienen que cruzar por zonas del lugar que son históricamente conflictivas y peligrosas para los ellos, por las internas que atraviesan a los diferentes barrios que coexisten dentro del predio y que son ajenas a los miembros de la comunidad educativa.
La doctora Vestel aclaró que «dentro de la villa hay diferentes barrios y hay códigos que no se pueden violar, especialmente por casos de narcotráfico” y puso como ejemplo “un habitante de un barrio no puede cruzar por otro barrio” porque se vive como una afrenta” y aclaró “si pueden encontrarse fuera de la villa, en un bar o en el colectivo, en el tren o el subte, en el colegio” y resaltó “porque en esos lugares se considera que hay bandera blanca”. La abogada recalcó que “queda claro que no se pueden violar esos códigos” y reflexionó que “esto es lo que no entiende la gente del gobierno, que tiene poder pero no tiene conocimiento del territorio ni de la gente que lo habita”.
La mamá aclaró que “a pesar del reiterado reclamo de los padres de no ubicar allí las aulas, otra vez no los escucharon ni los tuvieron en cuenta” y denunció que “las aulas que nos dieron no tienen luz, no hay línea telefónica y en la última lluvia se inundó todo el lugar y los chicos perdieron varios días de clases”.
Larrea manifestó que esta actitud de los funcionarios que detalló la doctora Vestel “forma parte de una forma de gobernar, no se acepta que haya disenso, que haya otra mirada o que exista trabajo en conjunto”.
Además la profesional resaltó que «surge claramente que tanto los docentes como los padres intentaron dialogar y llegar a un proyecto consensuado” por lo que “nadie puede decir que no trataron de que esta situación se resuelva de manera diferente”. La doctora Vestel afirmó que “demoler las tres escuelas juntas fue una decisión económica, porque era más barato hacerlo así que como planteaba la comunidad de realizarlo por etapas”. Además denunció que “desde que se demolieron las escuelas se cerró el Centro de Salud sin ningún motivo y se lo mantiene cerrado sin ninguna razón” y aclaró que allí se “atiende a todos los habitantes de la Villa 31 de Retiro”.
Los miembros de la comunidad educativa están pensando encarar una nueva denuncia judicial por el tema crucial del Centro de Salud. La abogada destacó que “esta es la única vía que tenemos para comunicarnos con las autoridades del gobierno” y afirmó que ”lo siente como una forma de discriminación hacia la población de la la Villa 31”.
Vestel denunció que “los funcionarios presionan a los docentes para que trabajen bajo cualquier condición” y describió que “en este caso están trabajando prácticamente en un campo de batalla entre ratas y cables sueltos”. Entonces analizó que “no es precisamente la educación donde el gobierno de la ciudad está poniendo el acento”.
DM/GF/RG
