Foro Universidad y Comunicación Popular
Los medios y comunicadores integrantes del Foro Universidad y Comunicación Popular de la Universidad Nacional de Avellaneda nos sumamos a las voces de condena al decomiso de equipos de transmisión de televisión digital que se produjo en la sede de Antena Negra TV.
Tales prácticas rememoran los tiempos en que amplios sectores de la sociedad estaban excluidos del derecho a la libertad de expresión merced a la vigencia de la ley de radiodifusión de la Dictadura. La Ley 26.522 constituyó una esperanza de reparación y democratización que resulta agraviada por estas acciones policiales amparadas en una justicia que desconoce el régimen jurídico que consagra al espectro radioeléctrico como un bien común al servicio del derecho a la comunicación.
A casi seis años de la sanción de la Ley de Servicios de Ccomunicación Audiovisual 26.522 es inadmisible que sectores de la administración pública, en connivencia con sectores del Poder Judicial y las Fuerzas de Seguridad, apañen el accionar ilegal de una empresa transnacional de seguridad como es Prosegur, vuelvan a establecer la figura del «decomiso» y desconozcan la asignación de bandas de frecuencia en UHF para la televisión digital abierta (radiodifusión) conforme lo dispuesto por las Resoluciones 35/2015 y 37/2015 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en el marco de sus facultades. Reeditan así las viejas prácticas de usufructo del espectro como bien de negocios subordinado a la lógica de empresas particulares y negando su carácter de bien público.
Recordamos a los organismos responsables la obligación de garantizar el derecho a la comunicación y de organizar la distribución del espectro radioeléctrico de acuerdo al mandato popular de la Ley 26.522, para que refuercen las tareas y gestiones necesarias para que todas las emisoras populares, comunitarias y alternativas que trabajan diariamente por llevar a la práctica el espíritu plural y democrático de la LSCA puedan acceder de una buena vez a la legalidad a través de los procedimientos que la propia ley establece; es decir mediante concursos públicos, abiertos y permanentes.
En solidaridad con los cooperativistas, comunicadores de Antena Negra TV, decimos:
¡No al decomiso! Sin legalización de los medios populares, no hay derecho a la comunicación.
